Baltasar Garzón solicitó al empresario chavista Diego Salazar unos honorarios que ascendían a 3,6 millones de dólares (3,2 millones de euros al cambio actual) para dirigir su defensa en un procedimiento abierto contra este ex jerarca venezolano en el Principado de Andorra en 2012 por delitos de malversación de caudales públicos y asociación ilícita. elmundo.es
En la propuesta de prestación de servicios profesionales que le hizo llegar a Salazar, además de los honorarios, el ex juez le explicaba los pasos a seguir, la estrategia y también se ofrecía a elaborar «una campaña de comunicación» para preservar su imagen, actividad profesional y el «prestigio» de sus negocios ante «filtraciones interesadas o publicidad indeseada» de resoluciones judiciales que dañaran su reputación.
Así consta en el documento fechado el 25 de julio de 2013 al que ha tenido acceso este periódico. Salazar rechazó la propuesta, que se había elaborado a instancias suya -él la pidió a Garzón-, y el documento dejó de tener utilidad.
Consultado Baltasar Garzón, el abogado aseguró que «esos papeles carecen de relevancia». «Como propuesta de servicio del despacho no fue nunca considerada, jamás fue respondida y no se llevó a cabo», sostuvo. «No hay ninguna propuesta firmada ni por mí ni por nadie de Ilocad [el despacho de abogados que encabeza]», añadió. Garzón explicó que sí hubo un preinforme realizado por varios abogados y que todos los extremos relativos a este documento están perfectamente en regla.
La propuesta a la que ha tenido acceso este periódico recoge que «los honorarios por el encargo profesional se fijan en tres millones seiscientos mil dólares» y plantea una provisión de fondos de 1,8 millones, dejando el resto a pagar «al finalizar el encargo profesional».
Entre las condiciones honorarias incluidas en esta propuesta, Garzón incluyó un «pro bono por efectividad» de un millón de dólares adicionales en caso de que lograra «los fines señalados en la presente propuesta antes de 60 días continuos». Y dejó claro a su potencial cliente que en esos 3,6 millones no entraban los «gastos extraordinarios», es decir, «los honorarios a otros profesionales que pudieren intervenir [como procuradores o peritos ], gastos de transporte y estancia fuera de Madrid de los letrados, así como gastos de mensajería y cualquier otro similar que se pudiera ocasionar».
Diego Salazar es primo del que fuera ministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez y ex presidente de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez. Ramírez y miembros de la antigua cúpula de esta empresa venezolana tienen abierto un procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por organización criminal y soborno a funcionarios, entre otros delitos.
El propio Salazar, junto con otras 27 personas, fue acusado el año pasado por la juez andorrana Canòlic Mingorance de sobornar a empresas para favorecerlas con contratos de PDVSA. Pero antes de este procedimiento, Diego Salazar se enfrentó a una acusación por parte del Ministerio Fiscal del Principado y de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para cuya resolución buscó la asistencia legal del hoy abogado Baltasar Garzón.
En el documento, Garzón se presenta como «director del trabajo objeto de prestación de servicios profesionales». «El mejor escenario y el objetivo principal sería el de obtener el sobreseimiento del procedimiento que supondría su conclusión definitiva», precisa el abogado. Si eso no se lograse, el letrado informa de que todas sus acciones se encaminarían a preparar el acto de la vista oral y, en su caso, la celebración de la vista.
Cuentas y empresas bloqueadas
El potencial cliente tenía sus cuentas y las de sus empresas bloqueadas por las autoridades judiciales andorranas. Garzón aconsejó recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional andorrano para que estas medidas fueran anuladas y también porque «el recurso conlleva una advertencia implícita a la juez de instrucción para que tutele de forma efectiva y garantice los derechos del Sr. Diego Salazar en sus próximas decisiones judiciales, de forma que observen los estándares del proceso debido».
También proponía a Salazar solicitar la práctica de diligencias de prueba tales como «desacreditar por ausencia de rigor los informes de la UIF y demostrar la falta de base de la investigación»; acreditar que sus empresas eran lícitas y reales; demostrar que no había abiertos otros procedimientos contra él; «combatir la solicitud de diligencias de prueba» de la Fiscalía; coordinarse con los otros abogados de su defendido y del resto de los imputados; y «realizar actuaciones ante los organismos andorranos e internacionales».
Los 3,6 millones cubrirían los servicios profesionales de Garzón, los de su equipo jurídico y los del abogado colaborador del Principado de Andorra. El resto de gastos se pagarían aparte y los superiores a 500 euros se notificarían «con carácter previo» a Salazar.
El empresario chavista no aceptó la propuesta. Su caso fue cerrado por la Corte Suprema de Andorra por falta de pruebas en diciembre de 2014, pero volvió a reabrise una causa similar en Andorra en 2015, el llamado caso Venezuela, tras destaparse el caso BPA.