Consabido, la Fracción Parlamentaria del 16 de Julio salvó el voto con motivo de la reciente aprobación parlamentaria de los llamados Bonos de PDVSA 2020. Esta vez, las razones fueron de forma, pues, no conocimos el informe correspondiente de la Comisión de Finanzas, ni hubo ocasión para la discusión reglamentaria, zanjado el asunto con un único orador, el ponente, pendientes las razones de fondo necesarias de dirimir, como el reconocimiento de una deuda ilegalmente contraída por la dictadura que, faltando poco, contradice la postura doctrinaria adoptada por la Asamblea Nacional.
Entre las distintas opiniones adversas que ha generado el asunto, circula por las redes digitales la del ex – ministro Miguel Rodríguez. Luce extraordinariamente sensato al abordar el problema, todavía a tiempo de diligenciarse la protección de los activos venezolanos por las autoridades estadounidenses, en el marco de una estrategia consecuente con los altos intereses del país. No obstante, llama la atención dos consideraciones hechas en el breve video.
La una, sobre el propio abordaje de la reestructuración de la deuda que redujo considerablemente su servicio al principiar la última década del XX. Una deuda, por cierto, ridícula al compararla con la que gigantescamente nos ha comprometido o dice comprometernos el régimen socialista.
La otra, sin lugar a dudas, más dramática, porque – alegó – los viejos empréstitos fueron destinados a sendos proyectos de desarrollo, cuyos beneficios sintió el país en relación a la prestación de los servicios públicos, por ejemplo, mientras que los nuevos, ya evidente, beneficiaron a los vendedores de armas. Vale decir, con los 2020, se adquirieron los equipos antimotines y toda la parafernalia que aplastó cruelmente la masiva protesta ciudadana en las calles.
Luego, asistimos a una monumental y demencial paradoja, ya que – puede decirse – la Asamblea Nacional está pagando la terrible represión de la que fue y es objeto la oposición venezolana, tras la irrefutable victoria electoral alcanzada en 2015. Por ello, la suprema importancia del debate clarificador en un órgano del Poder Público, como la Asamblea Nacional, que ha de ser un dispositivo confiable para el entendimiento y la transición.