La cúpula del Ministerio de Interior concedió el 11 de abril de 2016, en la etapa de Jorge Fernández Díaz (PP), un permiso extraordinario de residencia en España a un confidente venezolano clave en la “guerra sucia” abierta por la policía patriótica contra Podemos.
Por: Óscar López Fonseca | EL PAÍS
Así consta en un documento presentado ante notario, dado como válido por dos tribunales de Madrid, cuya veracidad confirman fuentes policiales y que el partido de izquierdas ha pedido incorporar al caso Villarejo en la Audiencia Nacional. El confidente suministró informaciones no acreditadas contra la tercera fuerza política del país.
El documento de Interior recoge cómo el ministerio decidió conceder a Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano, una autorización de residencia en España durante un año por “circunstancias excepcionales” debido a “razones de colaboración con las autoridades policiales”.
Aunque el permiso de residencia, firmado por el entonces número dos de Fernández Díaz, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, no detalla cuál fue el tipo de cooperación, el propio Arias declaró ante notario que desde febrero de 2016 trabajaba como “informador” para la Policía española, “aportándole todo tipo de documentos” sobre el dinero que supuestamente el Gobierno de Venezuela había entregado supuestamente a dirigentes de Podemos y a Pablo Iglesias, en este caso, a través de una cuenta de Euro Pacific Bank en las Islas Granadinas, un paraíso fiscal. La información nunca fue verificada.
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