Las llamadas comenzaron a llegar después del intento frustrado de introducir la ayuda humanitaria en Venezuela el 23 de febrero. Era algo que el vicepresidente norteamericano, Mike Pence, sopesaba desde hacía meses. En Venezuela hay 2.000 generales. De ellos, menos de la mitad, unos 800, han sido nombrados por Nicolás Maduro. El resto pueden ser eslabones débiles en la cadena de mando, susceptibles, con el impulso necesario, de darle la espalda al régimen y facilitar con su deserción una transición a la democracia.
Por David Alandete / ABC de España
Reunido hace un mes en Bogotá con los otros miembros del Grupo de Lima, creado en 2017 para buscar una salida a la crisis en Venezuela, Pence sentó las líneas generales de actuación, según figura en las actas. “Debe quedarle claro a los mandos de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela que si continúan respaldando a Maduro, tendrán que rendir cuentas. No van a encontrar refugio ni salida. Van a perderlo todo”, dijo.
Visto que Maduro se aferraba al poder sin ceder a la enorme presión internacional, el Gobierno norteamericano autorizó, con la concurrencia del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, las agencias de inteligencia y el Comando Sur de las Fuerzas Armadas, una operación coordinada de contacto con un grupo cuidadosamente seleccionado de altos mandos militares norteamericanos, según confirmó ayer a ABC una fuente en Washington.
Algunas de las llamadas llegan a números de teléfono fijo de la residencia privada de esos uniformados, a cualquier hora del día o de la noche. Otras, a sus móviles personales. En ocasiones llaman a familiares directos. Alguien, que no se identifica y habla en español, detalla una serie de cargos que se le imputarán cuando caiga el régimen y, si las tiene, como suele ser el caso, un listado de sus propiedades y cuentas bancarias en el extranjero. Luego se les recomienda que, por el bien suyo y de sus familias, hagan lo correcto. Después, cuelgan.
En semanas recientes ha habido decenas de llamadas de este tipo, según las fuentes citadas anteriormente, que han tenido conocimiento de las deliberaciones en el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el veterano diplomático John Bolton. Este es responsable en la Casa Blanca de una campaña de presión sin precedentes para forzar la marcha de Maduro, con la combinación de unas sanciones extremadamente duras -incluido el embargo del crudo, el corte drástico de la entrada de liquidez en las arcas públicas venezolanas y, desde ayer, penalizaciones contra el banco Bandes- y la presión directa sobre los militares. Según han advertido en varias ocasiones tanto Bolton como el propio Donald Trump, si este método falla, el paso final será el de una intervención armada multilateral.
Modus operandi
El almirante Craig Faller, responsable del Comando Sur y de las operaciones del Pentágono en Sudamérica, ha sido crucial en esta estrategia. Es él quien en enero dijo directamente a los 2.000 generales venezolanos, en un discurso, que EE.UU. sabe quiénes son y qué activos tienen en el extranjero.
Para la Casa Blanca ha sido providencial que el diplomático de mayor rango militar de Venezuela, el coronel José Luis Silva Silva, desertara mientras ocupaba el cargo de agregado militar en la embajada en Washington, jurando lealtad a Guaidó. Según confirmaron esta semana a ABC fuentes de la embajada venezolana en Estados Unidos, el coronel Silva ha estado también en contacto telefónico con varios militares de su rango en Venezuela intentando convencerles de que den un paso al frente y hagan lo posible para que caiga el régimen cuanto antes.
“Lo que hecho es lo correcto y estoy invitando a los demás miembros de las fuerzas armadas a que cumplan con su compromiso de defender la patria”, dijo el coronel Silva a ABC en una breve conversación durante la reapertura del edificio de la agregaduría militar en Washington, el pasado lunes.
En las llamadas que los funcionarios norteamericanos están haciendo a altos mandos militares venezolanos se detalla en muchas ocasiones el origen de sus ahorros en el extranjero, muchos de los cuales se encuentran, por cierto, en bancos españoles: mordidas, narcotráfico, malversación o latrocinio, por ejemplo. Fuentes del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense dijeron la semana pasada al diario The Miami Herald que pedirán a sus homólogos españoles que procedan a congelar las cuentas y activos ligados al régimen, también los de titularidad privada.
Hay sin embargo grandes impedimentos para esta estrategia de presión directa. Por un lado, el régimen suele tomar represalias contra los familiares de quienes desertan. Desde enero, más de 400 uniformados han huido a Colombia o Brasil. Según ha denunciado el instituto Casla, una organización de defensa de los derechos humanos, muchos han visto cómo miembros de sus familias han sido detenidos y encarcelados. Finalmente, está el problema de la infiltración completa de las fuerzas armadas venezolanas por parte de militares cubanos, cuya misión principal no es otra que mantener a Maduro en el poder para que Cuba pueda seguir recibiendo envíos de petróleo de forma gratuita, según ha denunciado la secretaría general de la Organización de Estados Americanos.