El apagón sin precedentes que el jueves 7 dejó sin electricidad a buena parte del territorio nacional expuso como pocos eventos la profundidad del colapso venezolano. No se podría explicar lo que pasó sin un avanzado deterioro de la infraestructura básica, que menguó la capacidad de generación eléctrica y afectó sensiblemente a las redes de distribución. Pero tampoco se podría entender la impotencia de las respuestas estatales sin considerar la drástica pérdida de recursos humanos. Así lo reseña infobae.com
Por Darío Mizrahi
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela concluyó en un informe publicado el martes que el corte se produjo por un incendio que afectó a tres líneas de transmisión en la central hidroeléctrica de Guri, la más importante del país.
Alí Briceño, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Venezuela, aportó un dato clave para comprender por qué un incidente que podría haber sido atendido en unas cuantas horas, aún no fue plenamente resuelto. “Las personas que tienen la capacidad y el conocimiento técnico ya no están con nosotros”, le dijo a El Nacional.
Según el gremialista, emigró en busca de mejores condiciones de vida el 48% de los empleados de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), la firma pública creada en 2007 tras la estatización del servicio. “De 50.000 que había se fueron 24.000, de los cuales 14.700 eran ingenieros especialistas y técnicos. Esa mano de obra no la vamos a recuperar”.
Ya son más de 3.4 millones los venezolanos que dejaron el país en los últimos años, de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones. Esa cifra monumental, casi sin precedentes en la región, es un síntoma de la gravedad de la crisis económica, política y social de Venezuela, que se volvió un lugar casi inhabitable para gran parte de la población. Cada nueva ola de emigrantes profundiza el deterioro de las principales estructuras del país, porque se van los que pueden, que suelen ser los más calificados.
Las consecuencias del vaciamiento de profesionales se sienten con fuerza en todos los rincones de la economía, del aparato estatal y de los servicios públicos. Pero hay tres áreas en las que esta sangría pegó especialmente fuerte por su magnitud y por su importancia estratégica: la generación eléctrica, que quedó muy en evidencia en estos días; la industria petrolera, decisiva para entender el derrumbe económico; y la salud, que está en el centro de la crisis humanitaria.
Un “apagón” profesional
“Teóricamente, hay una capacidad instalada de generación eléctrica superior a 34.000 megawatts (MW), pero en la actualidad sólo están disponibles menos de 18.000 MW, con un déficit permanente superior a los 2.000 MW, aun cuando las empresas de Guayana y la mayor parte del parque industrial están paralizados. Esto era así antes del percance que ocurrió el 7 de marzo”, contó a Infobae el ingeniero civil Jesús Gómez Medina, de la Universidad Central de Venezuela (UCV), reconocido por su vasta experiencia en el mundo de la energía hidroeléctrica.
Los problemas del país con la electricidad empezaron hace mucho tiempo. El primer hito fue la crisis energética de 2010. El desencadenante fue una sequía que hizo descender a niveles críticos el agua de la represa de Guri, fuente del 70% de la electricidad a nivel nacional.
Pero el incidente expuso los graves problemas de gestión que comenzaron en 2007 con la estatización del sector dispuesta por Hugo Chávez. Los apagones se volvieron en adelante cada vez más frecuentes.
“Desde la toma del poder, Chávez se propuso tener el control total del sistema eléctrico. Para ello, comenzó con una sustitución progresiva del personal directivo y ejecutivo formado a lo largo de varias generaciones, por militares y militantes del PSUV”, afirmó Gómez Medina. “El personal técnico capacitado ha ido abandonando la empresa y ha emigrado a países vecinos, donde reciben salarios acordes con su experiencia y conocimiento, y no un sueldo que no excede los diez dólares al mes. Los que aún trabajan en Corpoelec están desmotivados, sin incentivos y muy politizados. No tienen herramientas, equipos ni elementos de seguridad para sus labores diarias”.
Priorizar el gasto social y político por sobre la inversión en infraestructura explica una parte del agotamiento del sistema. La otra parte es la falta de mantenimiento. En ese punto es donde más se sintió la creciente escasez de personal capacitado.
“El mantenimiento no es una fortaleza de la cultura militar, aparte de que en Venezuela es más fácil conseguir financiamiento para nuevas instalaciones que para comprar repuestos”, dijo a Infobae el ingeniero electricista César Quintini Rosales, ex encargado de la Presidencia en la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe).
“Buena parte de los jubilados de las empresas eléctricas se mantenían como consultores y contratistas, apoyando de esa manera a los más jóvenes que los reemplazaban. Cuando las condiciones de trabajo desmejoraron significativamente a partir de 2004, esos veteranos se fueron al exterior, fundamentalmente a Colombia, Ecuador, Perú y Centroamérica, así como a Chile, Estados Unidos y Argentina”.
El vaciamiento técnico de la industria petrolera
“PDVSA fue creada como una empresa estatal de derecho privado, por lo que el gobierno no interfería en sus operaciones. Esto explica parte de su éxito desde su creación en 1975 hasta 1998. Además de ser una firma estatal de clase mundial, la expansión sostenida de su capacidad en más del 50% en la última década del siglo pasado fue apoyada por la apertura a la inversión privada”, sostuvo Natan Lederman, profesor de economía de la Universidad Metropolitana, consultado por Infobae.
De producir 3 millones de barriles de petróleo por día, PDVSA cayó a solo 1 tras 20 años de gobiernos bolivarianos. Las exportaciones, que entre 1990 y 1998 pasaron de 1,2 a 2,3 millones de barriles, se derrumbaron a 900.000 en febrero de este año.
“La historia de éxito del sector petrolero venezolano llegó a un fin repentino con la toma de posesión de Chávez en febrero de 1999 —continuó Lederman—. Esto se observa en una serie de hechos: el nombramiento de gerentes y expertos técnicos sobre la base de alianzas políticas en lugar de los méritos profesionales, la desviación de los recursos de la empresa a actividades gubernamentales no relacionadas con el petróleo y, lo más importante, mayor distribución discrecional de los ingresos al gobierno, a expensas de la inversión”.
El caso de PDVSA muestra de forma extrema algo que se vio también en el sector eléctrico y en la salud: el destierro de profesionales fue resultado de un doble movimiento. Primero, se dio por una decisión política de Chávez, que sospechó siempre de los cuadros técnicos, y se propuso desplazarlos de todos los sectores estratégicos, para poner a militantes que le asegurasen lealtad. La segunda etapa, la del desmadre definitivo, se produjo por el deterioro de las condiciones de vida, que causó un éxodo.
“PDVSA heredó de las empresas transnacionales estatizadas en 1976 las políticas de manejo del personal, que son las de cualquier firma globalizada. Era rigurosa en la selección de los empleados, los sometía a escaleras de ascenso a partir de una serie de requisitos, premiando los logros en la gestión, y se preocupaba por el mejoramiento permanente. Para la Revolución Bolivariana esas prácticas eran un anatema. Lo que plantearon es que los funcionarios tenían que ser leales, sin importar su competencia. La aplicación de esos enfoques ha destruido la capacidad que tenía esa industria para mantenerse viva y pujante”, dijo a Infobae el ingeniero Arnoldo José Gabaldon, ex ministro de Ambiente e individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
Al comienzo de su gobierno, Chávez entró en una confrontación directa con la alta gerencia de la petrolera, que resistía sus intromisiones. El conflicto fue escalando con la convocatoria a una serie de paros petroleros impulsados por Fedecámaras y por parte de los trabajadores de la empresa. Tras el fallido golpe de Estado de abril de 2002, que fue apoyado por los huelguistas, el teniente coronel decidió ir a fondo.
“La primera migración masiva en PDVSA se dio en 2002, cuando fueron desincorporados cerca de 22.000 funcionarios —dijo Gabaldon—. Eran cerca de la mitad de la empresa, pero cualitativamente pesaban mucho más, porque eran los de mayor experiencia. Eso destruyó el capital humano y fue un golpe del que no ha podido recuperarse”.
La crisis se profundizó con la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia, que le entregó la compañía como botín a los militares en 2017. Puso al frente al mayor general Manuel Quevedo, sin ninguna experiencia en nada parecido al petróleo. A la vez, el desastre socioeconómico terminó de ahuyentar a los pocos cuadros calificados que quedaban.
La salud, en emergencia
Alejandro Rísquez, director médico del Centro de Vacunación de Venezuela en Caracas y profesor de la Facultad de Medicina de la UCV, hizo una descripción desoladora del estado de la salud pública venezolana. “La mortalidad infantil se incrementó un 35% entre 2015 y 2016, y sigue en aumento sin control —dijo a Infobae—. La mortalidad materna creció hasta un 75%, superando con creces la tasa de 1990. Las enfermedades no transmisibles como cáncer, diabetes y reumatismos, y las hematológicas, no reciben los tratamientos adecuados. No hay medicamentos en los hospitales, ni en las farmacias públicas ni en las privadas. Si se consiguen, es a precios muy superiores de los que puede pagar la mayoría de los usuarios. Las afecciones renales terminales o en proceso de tratamiento con diálisis reciben un tratamiento muy precario y transitorio, y los trasplantes han sido prácticamente eliminados”.
El regreso de enfermedades infecciosas que estaban erradicadas desde hacía mucho tiempo es la evidencia más contundente del derrumbe del sistema sanitario. El caso de la malaria es el más impactante. Venezuela, que fue uno de los primeros países de la región en controlarla, padece hoy una epidemia distribuida en todo el territorio y exportada a las naciones limítrofes.
“El deterioro comenzó en 2004, cuando se decidió traer a los médicos cubanos, contraviniendo la Ley Nacional del Ejercicio de la Medicina. Se construyó un sistema de salud paralelo llamado Barrio Adentro para la supuesta atención de los más desposeídos, pero velando una intervención doctrinaria para ganarse el favor de esas poblaciones a través de la salud”, afirmó Rísquez.
También en el ámbito sanitario se percibe que la erosión de las capas profesionales comenzó como parte de un proyecto político. Se puede entender que un país devastado como Haití pida la colaboración de las controversiales misiones cubanas, pero nunca pareció justificado —al menos no en términos estrictamente médicos— que lo hiciera una nación de ingreso medio como Venezuela.
“Dentro de los programas de cooperación con Cuba, en 2007 comenzó por decisión deliberada del gobierno la formación paralela de recursos humanos sanitarios por fuera de las normas del Consejo Nacional de Universidades. Se graduaron unos 34.000 médicos integrales comunitarios, con conocimientos rudimentarios, insuficientes, que satisfacen apenas una de siete competencias básicas. Han requerido cursos de nivelación que no alcanzan para suplir el vacío de la gran cantidad de médicos que se van”, explicó el médico internista José Félix Oletta, ex ministro de Salud y profesor de la Facultad de Medicina de la UCV, en diálogo con Infobae.
Lo que empezó como el desplazamiento de profesionales para priorizar a funcionarios cubanos, que ofrecían otro tipo de servicios, se fue transformando en una huida generalizada al exterior cuando el hambre pasó a ser una realidad entre personas de formación universitaria.
“No menos de 24.000 médicos han emigrado en los últimos cinco años —continuó Oletta—. Entre ellos, personas altamente calificadas, especialistas que no había en otros países. Pero es un fenómeno que no se limita a los doctores. Abarca a nutricionistas, enfermeras, expertos en laboratorio, bioanalistas, y todas las demás profesiones ligadas a la salud. Esto tuvo un impacto muy importante sobre la calidad de los servicios. Es algo inédito, porque teníamos uno de los sistema de formación de recursos humanos más importantes. Había más de 450 posgrados clínicos en las distintas universidades”.
La estampida no tiene límites. Porque más allá de los profesionales consolidados que se fueron, hay que tener en cuenta todos los jóvenes con potencial y vocación médica que, en vez de entrar a trabajar a los hospitales, se van del país en busca de un futuro posible.
“Estamos viendo la deserción de los recién graduados, que no esperan ni siquiera el acto de grado ni hacen el año de internado rotatorio. Simplemente se van. De esa generación de relevo, más del 80% está migrando. Hace 30 años era al revés, cuando hacíamos evaluaciones de las expectativas de los estudiantes, el 85% quería seguir trabajando en Venezuela, porque había condiciones dignas de trabajo, estaba la posibilidad de perfeccionarse y había otros beneficios. Ahora un médico interno de hospital público escasamente alcanza un sueldo de seis dólares mensuales”, describió quien fuera ministro de Salud entre 1997 y 1999.
No obstante, en medio del derrumbe, aún hay personas que, pudiendo irse a otros países sin mayores dificultades por las calificaciones que tienen, eligen seguir adelante, cumpliendo su misión. Sólo por ellos la tragedia humanitaria no es aún peor. “A pesar de todo, el sistema de salud sigue en pie gracias a la voluntad de los médicos que nos hemos quedado en Venezuela. No vamos a abandonar a nuestros pacientes, por más difícil que sea”, concluyó Oletta.