Los turistas y fieles que visitaban la Abadía de Montserrat un soleado domingo de febrero parecen prestar poca atención a dos hombres con pancartas que piden la secularización del abad por encubrir abusos sexuales en la poderosa institución.
Pero los dos hombres, que afirman haber sido abusados sexualmente en la infancia, se están haciendo escuchar dentro y fuera de España por la presión a la que está sometida la Iglesia católica, a la que se le exige esclarecer los casos de abusos del clero.
El Vaticano celebrará una cumbre histórica de obispos de todo el mundo, expertos y líderes de órdenes religiosas, del 21 al 24 de febrero para hacer frente a la crisis de abusos sexuales.
Miguel Hurtado, un psiquiatra infantil catalán de 36 años con residencia en Londres, inició una petición en la plataforma Change.org para extender significativamente los plazos de prescripción de delitos de abuso sexual contra menores hace casi tres años, y desde entonces ha superado las 520.000 firmas.
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que adelantó las elecciones generales para el 28 de abril, dijo que estudiaría la propuesta y actuaría para prevenir este tipo de crímenes.
En España, uno de los países con mayor tradición católica, los activistas estiman que hay miles de casos silenciados por la Iglesia que podrían empezar a salir a la luz a partir de ahora.
“En mi caso lo más duro no fueron los abusos, fue el encubrimiento”, dijo Hurtado a Reuters.
Hurtado declaró que el abad, Josep María Soler, había silenciado durante más de 20 años los abusos sexuales que sufrió por parte del Hno. Andreu Soler cuando se unió a los 16 años a los Scouts que el monje al que acusa dirigía.
El monje, que compartía apellido con el abad pero no eran familiares, falleció en 2008.
Hurtado dijo que su abusador, 50 años mayor que él, tocó sus genitales con la excusa de decirle que la masturbación era algo malo que nunca tenía que hacer, y que incluso intentó besarle con lengua en una ocasión, dejando al Hurtado adolescente “petrificado, sin saber qué hacer”.
La Abadía dijo en un comunicado de prensa el mes pasado que el abad no supo de estas acusaciones hasta que ocupó el cargo, en el año 2000, y que se decidió pagar en 2003 la cantidad de 8.600 euros (9,740$) a Hurtado para pagar los costes de la terapia y aquellos derivados de la contratación de una abogada.
La institución prometió “actuar con total transparencia” y pidió “perdón por todo aquello en que no haya sabido estar a la altura de las expectativas”, añadiendo que siempre había actuado para ayudar a Hurtado.
La Abadía liderada por Soler denegó a Reuters hacer declaraciones sobre la demanda de secularización del abad por parte de Hurtado. También rechazaron a Reuters una solicitud para entrevistar al abad.
El abad de la congregación, el mismo día en el que Hurtado protestaba, pidió perdón a todas las víctimas en una misa y aseguró que “los abusos sexuales a menores por parte de personas consagradas a Dios nos duelen profundamente porque traicionan la confianza que habían puesto en ellos”.
El monje, que “siempre mantuvo una versión diferente de los hechos”, fue trasladado “por precaución” al monasterio “El Miracle”, en el interior de Cataluña, donde no tuvo contacto con menores.
Desde que Hurtado hizo público su testimonio en enero, otros ocho hombres han denunciado en medios españoles haber sido abusados por el mismo monje.
“SILENCIO CÓMPLICE”
El hombre colocado al lado de Miguel Hurtado el día de la concentración contra el abad de Montserrat, es el británico Pete Saunders, quien sostenía una pancarta en la que se podía leer “Montserrat: Transparencia y Responsabilidad”.
Saunders, fundador de la británica Asociación Nacional para las Personas Abusadas en la Infancia, formó parte de la Comisión para la Protección del Menor del Vaticano que el Papa Francisco estableció tres años antes, pero decidió abandonarla en 2017.
“El Vaticano espera que nos rindamos y les dejemos hacer, pero eso no va a ocurrir”, dijo, añadiendo que dudaba de la sinceridad del papa respecto a su “tolerancia cero” en los casos de abusos y encubrimientos al haber aceptado la readmisión de monjes acusados de estos delitos.
La Iglesia ha sido criticada en numerosas ocasiones por el tratamiento a la crisis de abusos sexuales, que hizo público el modus operandi de trasladar a clérigos depredadores de menores a otros centros en vez de ser secularizados o puestos en manos de las autoridades ordinarias.
Pero parece que hay algunos cambios en la Iglesia española. El 12 de febrero, la Conferencia Episcopal Tarraconense pidió disculpas a las víctimas de abusos y el pasado mes de noviembre el obispo Gil Tomayo dijo que había habido un “silencio cómplice” por parte de la Iglesia en los casos de abusos.
El gobierno socialista aprobó en el último Consejo de Ministros de 2018 el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, que pretende extender la prescripción de los abusos 12 años. Pero aún no ha sido remitida al Congreso.
Miguel Hurtado, que será una de las 12 víctimas en reunirse con el Comité Organizador del Vaticano el miércoles, señala que el abad de Montserrat debería haber denunciado su caso a la policía cuando los abusos no habían prescrito en vez de “pagarme por mi silencio”.
Hurtado afirmó haber devuelto todo el dinero que le fue entregado en 2015 tras conocer que la editorial de la Abadía había publicado un libro en honor a su abusador en 2007.
La Abadía, por su parte, confirmó la devolución del dinero y dijo que este se donó a distintas ONG. El abad se disculpó por el libro y se retiró del catálogo ese mismo año.
Bajo la legislación española, los abusos sexuales son tratados como delitos leves, dando a la víctima hasta 5 años desde la mayoría de edad para denunciar.
Las víctimas de los abusos considerados como más severos, en los que ha habido penetración, cuentan con 10 años más para denunciar sin que prescriba el delito.
En este último grupo de víctimas se encontraría Teresa Conde, una profesora de filosofía de Salamanca que declaró a Reuters haber sido violada por un sacerdote y director de colegio 30 años mayor desde que tenía 14 años. Las agresiones se prolongaron durante casi tres años.
“El violador fue impune entonces y los encubridores son inmunes ahora”, dijo Conde, que no fue capaz de contar a su familia lo que había sufrido hasta los 42 años por el trauma con el que convivía.
Conde señaló haber sido educada como mujer en la sumisión al hombre y la autoridad y no haber comenzado a vivir plenamente hasta que su abusador murió, hace tres años.
El Padre Daniel García, ministro de la provincial norte de la orden de los Trinitarios en España, corroboró su historia a Reuters, añadiendo que el sacerdote reconoció que las acusaciones eran ciertas. Reuters
