El pasado 11 de mayo de 2018, hace ya casi un año, desde el Centro Popular de Formación Ciudadana, denunciamos ante la opinión pública y luego ratificamos ante el Poder Electoral, inclusive en reunión con el Rector Luis Emilio Rondón, la seria irregularidad que detectamos de forma concreta sobre la existencia de fallecidos que aún permanecen como votantes activos en el Registro o Padrón Electoral. En aquél entonces, nos enfocamos en personajes que hubiesen sido relevantes en el quehacer político o de la cultura popular venezolana y revelamos que tal perversión ocurría en el caso de ilustres venezolanos como Ernesto Mayz Vallenilla, quien fuera fundador y rector de la Universidad Simón Bolívar; Rafael Marcial Garmendia, quien fuese presidente de FEDENAGA y FEDECAMARAS; Sergio Omar Calderón, exgobernador del Estado Táchira; Pompeyo Márquez, quien fuera parlamentario, ministro, diplomático y reconocido dirigente político; Guillermo “Memo” Morales, ese cantante que deleitó por décadas a toda Venezuela desde la Billo’s Caracas Boys y como solista; Alfredo Peña, reconocido periodista y quien fuese el primer Alcalde Mayor o Alcalde Metropolitano; Luis Miquilena, Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999; Octavio Lepage, Senador y expresidente de la República; y Bernardo Alvarez, quien fuese el último Embajador venezolano ante los Estados Unidos.
Con nuestra denuncia, logramos poner un rostro real en lo que se había convertido hasta en una suerte de leyenda urbana sobre las irregularidades del Padrón Electoral; y aunque con poco éxito en cuanto al hecho de que la misma hubiese servido al menos para dar de baja a tales personajes del viciado registro, pues hasta hace apenas una semana habían retirado solo a tres de los denunciados, la misma fue lo suficientemente importante para activar la iniciativa e interés del CPFC en profundizar en la investigación del caso. Fue así, como pese a la negativa que presentaron los diversos registros civiles que visitamos para poder acceder a los libros contentivos de las actas de defunción, ello en abierta violación a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Registro Civil que prevé el carácter público de la información de dicho registro, logramos finalmente acceder a una muestra representativa de registros de fallecidos, específicamente de 149 actas de defunción, de las cuales no pudimos evitar sorprendernos con el hallazgo de que CUARENTA Y OCHO (48) de esos fallecidos o lo que es igual a un tercio (1/3) de la muestra, aparecen aún como votantes activos en el Registro Electoral.
El referido hallazgo, confirmó nuestra sospecha de que el Padrón Electoral, ese que sirve para determinar quienes están habilitados para ejercer el derecho al sufragio, está viciado, y de que el mismo ha sido manipulado en los eventos electorales controlados por el desgobierno para modificar resultados comiciales, pues no existe otra posible explicación para entender el porque contando el Poder Electoral con la facultad prevista en el numeral 7 del artículo 293 de la Constitución que define entre sus funciones el “mantener, organizar, dirigir y supervisar el Registro Civil y Electoral”; y estando además facultados por el numeral 5 del artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Electoral para depurar en forma continua y efectiva el Registro Electoral; aún así encontramos inconsistencias e irregularidades como las señaladas, que apuntan de forma inequívoca a la evidencia de una conducta fraudulenta, amparada además en el hecho de que la única posible forma de comprobar la desviación durante los procesos, es auditando el único elemento que no ha sido auditado en los comicios chavistas, que es precisamente el correspondiente a los cuadernos de votación.
Detrás de la manipulación de la data del Registro Electoral y muy específicamente con la profanación de la identidad de los fallecidos, podemos afirmar reside en gran medida la razón del sinsabor que ha acompañado durante varios años los anuncios de los resultados electorales, pues más allá de lo siempre anunciado, hay esa certeza colectiva de que no hay coincidencia entre lo que se anuncia y lo que se respira en el ambiente. Por ello, en el CPFC hemos exigido y seguiremos exigiendo la auditoria independiente del Registro Electoral, pues aún con los eventuales nuevos Rectores que estamos seguros tendremos en el CNE, solo la revisión independiente y exhaustiva se traducirá en una data confiable, que además de resguardar la voluntad del pueblo en elecciones libres y transparentes, detenga la profanación de la memoria de nuestros difuntos, permitiendo que descansen en paz, no solo ellos, sino el historial de trampas para el que se ha utilizado el Registro Electoral.
Cástor González
Abogado
Presidente del Centro Popular de Formación Ciudadana (CPFC)
@castorgonzalez