A lo largo del año 2018 se contabilizaron 2.873 arrestos arbitrarios en Cuba, unos 240 al mes, según el informe publicado este miércoles por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN). La entidad independiente denuncia el acoso a los activistas que solo “trataron de ejercer elementales derechos civiles y poli?ticos”.
Por: 14ymedio.com
El reporte también incluye los datos de diciembre y confirma “por lo menos 176 casos de detenciones arbitrarias, generalmente de corta duracio?n” durante el último mes. La mayoría de los arrestados fueron opositores pacíficos.
La CCDHRN documenta adema?s, “49 casos de hostigamiento policial contra igual nu?mero de opositores y dos casos de agresiones fi?sicas a activistas anti-totalitarios, ordenadas o ejecutadas por agentes de la polici?a poli?tica secreta”.
La entidad publica una lista parcial de prisioneros por motivos políticos, entre “130 y 140 personas” internadas “bajo condiciones crueles, inhumanas y degradantes” en algunas de las 150 prisiones y campos de internamiento que hay en la Isla, precisa el texto.
“Cada mes excarcelan a un pequen?o nu?mero de prisioneros poli?ticos e internan a un nu?mero algo mayor de opositores”, denuncia la CCDHRN. Como ejemplo, detalla que en el pasado mes de diciembre fueron encarcelados los activistas Hugo Damián Prieto Blanco, Carlos Rafael Aguirre Lay, Omar Portieles Camejo, Glenda Lovaina Pérez y Edilberto Arzuaga Alcalá.
En el caso de Prieto, el informe resalta que “ha sido condenado a prisio?n de ma?xima seguridad en varias ocasiones y detenido en innumerables oportunidades por la polici?a poli?tica secreta”. El activista fue encarcelado por un año por el delito de “peligrosidad predelictiva”, según confirmó a 14ymedio su esposa Lázara Bárbara Sendiña.
Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han denunciado que la ley cubana castigue, con penas de uno a cuatro años de prisión, a los ciudadanos por un supuesto delito que todavía no han cometido, según los artículos 73 al 84 del Código Penal.
Según la abogada independiente Laritza Diversent, a las personas sancionadas bajo esa figura legal “no se les comprueba la comisión de un delito [ya que] las autoridades, amparadas en criterios subjetivos y parámetros ideológicos, valoran que su conducta debe ser reformada”.