En medio de un escandaloso caso de violencia generado tras la incursión armada de militares en Canaima, que dejó un indígena de la etnia pemón muerto y tres heridos, ocurrida en horas de la madrugada del sábado 8 de diciembre, se esconde otra realidad, la minería ilegal por parte de algunos pemones.
Gregory Jaimes | lapatilla.1eye.us
Esta práctica ilegal está siendo ejercida por los indígenas en el sector Campo Carrao del Parque Nacional Canaima en el estado Bolívar. Área que, además de estar protegida por las leyes de la República, también es Patrimonio Histórico Natural de la Humanidad.
Esto se pudo evidenciar en un video publicado este martes por la periodista Valentina Quintero a través de su cuenta en Instagram, donde mostró preocupación por el crimen que allí ocurre.
También llama la atención que en el área controlada y explotada por pemones, no existe un control directo de parte de las Fuerzas Armadas, que, según el artículo 127 de la Constitución nacional están obligadas a proteger los parques nacionales.
“El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica”, precisa la Carta Magna.
Pese a que, desde hace varios años, dirigentes políticos, diputados y periodistas han denunciado lo que allí ocurre, desde el Gobierno nacional la única respuesta que ha habido a la población es un silencio sepulcral. Pero no fue sino hasta este martes que el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, admitió lo que se venía alertando, esto sin señalar que, entre quienes ejercen la minería ilegal, se encuentran indígenas pemones.
Ante esto el Ministerio para la Defensa y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional elaboran el plan integral Tepuy Protector que buscaría hacer frente a la minería ilegal en el estado Bolívar.
“No vamos a permitir que se siga cometiendo este ecocidio contra el medio ambiente, hemos elaborado un plan de carácter integral que ha venido funcionando, porque no es un tema de carácter militar sino de carácter integral y este Plan Tepuy Protector lo hemos venido dialogando con nuestras comunidades indígenas”, señaló, sin ofrecer más detalles.
Pero ¿por qué la minería ilegal se estableció en Canaima?
LaPatilla pulsó la opinión de la conservacionista Valentina Quintero, quien explicó que “durante muchas décadas, los pemones vivían de la agricultura, pero con el pasar de los años fueron migrando al turismo como actividad económica”. Consideró que a causa de la grave crisis económica y humanitaria que vive el país, estos indígenas buscaron otras alternativas de sustento económico y la consiguieron en la minería ilegal, establecida sin control gubernamental, en el Parque Nacional Canaima. Una situación a la cual calificó de desmedida y descabellada.
También se pudo conocer que las balsas con los mineros pemones salen constantemente al sector El Carrao para explotar ilegalmente la tierra. La magnitud del problema se mide solo con sobrevolar la zona hasta los Rápidos de Mayupa, sitio en el que se han ido aglomerando las balsas con pemones.
¿Limbo legal?
Se trata de una situación que para el Gobierno nacional se ha salido de control, debido a que los pemones que ejercen la minería amparándose bajo la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas decretada en 2001 por Hugo Chávez, la cual “reconoce los derechos originarios de los pueblos indígenas sobre sus tierras y la necesidad de llevar a cabo la demarcación de manera conjunta entre el Ejecutivo nacional y los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas”.
Pero frente a este panorama jurídico y conflicto ambiental ¿Cumplirá Estado Venezolano con su responsabilidad de velar por la Constitución o sólo se mantendrá indiferente? ¿Existe ahora una casta especial con derechos superiores a la Constitución en el Parque Nacional Canaima?
Finalmente, el llamado es a las Fuerzas Armadas a proteger el territorio nacional de estos actos delictivos en zonas evidentemente protegidas por el Estado y por la Unesco, para permitir el normal desarrollo de la actividad turística en Canaima.
“En el parque nacional Canaima no debe haber minería y se debe proteger al turismo”, exclamó Valentina Quintero a LaPatilla.