![](https://lapatilla.1eye.us/wp-content/uploads/2018/11/636778972293582534.jpg?resize=640%2C402)
Perú entregó el martes al embajador de Uruguay una nota en que destaca que en el país rige el estado de derecho y la separación de poderes, tres días después de que el expresidente Alan García pidiera asilo alegando ser víctima de una “persecución política”.
Por Carlos Mandujano / AFP
El mandatario peruano Martín Vizcarra se había comprometido el domingo con su par uruguayo Tabaré Vázquez a enviarle antecedentes para que resuelva el pedido de García, quien permanece en la embajada uruguaya desde el sábado después que la justicia le prohibiera salir de Perú mientras se investigan presuntos actos de corrupción ligados a la empresa brasileña Odebrecht.
“La Nota recalca que en el Perú impera la democracia, el estado de derecho y la separación de poderes, así como la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales”, dijo la cancillería peruana en un comunicado.
“Puntualiza que en nuestro país no existe persecución política de ningún tipo. Asimismo, precisa que el Poder Judicial y la fiscalía han actuado en el caso del expresidente García con respeto estricto al debido proceso”, añadió.
La justicia prohibió que García salga de Perú por 18 meses luego de que la fiscalía ampliara una investigación por supuestos sobornos pagados por Odebrecht para adjudicarse un contrato para la construcción de la primera línea del metro de Lima durante su segundo mandato (2006-2011).
La nota, preparada por el Ministerio de Justicia y entregada por el vicecanciller peruano Hugo de Zela al embajador Carlos Barros, destaca que los dos países suscribieron la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996. “La documentación va a ser enviada de inmediato al gobierno de Uruguay”, dijo a la prensa el embajador tras reunirse con De Zela.
La solicitud de asilo será analizada en Montevideo “todo el tiempo que sea necesario”, añadió Barros, quien se negó a opinar cuando un periodista le preguntó si consideraba que García era víctima de persecución política. “Yo no considero nada”, respondió.
El domingo y lunes hubo manifestaciones en favor y en contra del pedido de asilo frente a la embajada uruguaya, situada en el acomodado distrito de San Isidro, y hay mitines convocados para este martes en la noche.
“Táctica para eludir la justicia”
En Washington, las organizaciones de derechos humanos WOLA y CEJIL expresaron el martes su preocupación por el pedido de asilo de García, afirmando que es “una táctica para eludir la justicia”.
“El Poder Judicial impuso un impedimento de salida del país por 18 meses mientras era investigado por su posible involucramiento en lavado de activos y colusión”, dijeron en un comunicado conjunto en alusión a García.
“Es de suma importancia que no se permita la desnaturalización del derecho al asilo político, particularmente, por aquellas personas que han sido sometidas a una investigación justificada por actos de corrupción”, expresaron WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) y CEJIL (Cetro de Justicia y el Derecho Internacional).
El expresidente socialdemócrata, de 69 años, denunció la semana pasada que el sistema judicial peruano estaba “descabezado” por una supuesta intervención gubernamental, pero el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, rechazó sus afirmaciones.
“¿Que vaya preso como Keiko?”
Un hijo del expresidente García (1985-1990 y 2006-2011) contó a la prensa que su padre “está profundamente agradecido con el gobierno de Uruguay”.
“Toda mi familia está muy agradecida que el gobierno de Uruguay haya intervenido ante el abuso del fiscal” José Domingo Pérez, dijo Alan Raúl García al salir de la residencia del embajador el lunes.
El fiscal Pérez, quien pidió a la justicia que prohibiera a García salir del país, ha investigado a expresidentes y políticos que supuestamente recibieron dádivas de Odebrecht, entre ellos Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva desde hace 20 días. “¿Qué pretenden que haga (mi padre)?”, se preguntó el hijo de García. “¿Que vaya preso 36 meses como Keiko Fujimori?”.
Por el caso Odebrecht también están bajo la lupa de la fiscalía peruana los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).