La que fuera enfermera personal del fallecido presidente Hugo Chávez, detenida hace unos meses en España, rechaza su extradición a Venezuela por delitos de blanqueo y malversación y alega que con su entrega se pone en “grave riesgo” su vida.
Claudia Patricia Díaz Guillén ha recurrido la decisión de la Audiencia Nacional española, que el pasado 26 de octubre aprobó su extradición.
En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, la enfermera recuerda que la petición de extradición por parte de Venezuela la hace un Estado “que no respeta los derechos humanos”, sancionado por la Unión Europea.
La justicia venezolana la reclama por presuntos delitos de blanqueo, asociación ilícita y malversación, en vista de que su nombre aparece en la investigación de los “papeles de Panamá” por, supuestamente, haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para “blindar” una fortuna no declarada, según la Fiscalía de Venezuela.
El abogado de la exenfermera de Chávez argumenta para oponerse a la extradición el clima de violencia que se vive en Venezuela y recurre a palabras del opositor venezolano Lorent Saleh, que llegó a España hace un mes, y que denunció torturas.
La defensa de Díaz Guillén añade que ella “es objeto de una constante persecución política, simplemente por el hecho de no acatar las directrices” del presidente Nicolás Maduro.
El tribunal español que aceptó la entrega a Venezuela afirmó que no se han probado las “motivaciones espurias” de ese país contra la mujer, aunque la defensa cree que “sería anecdótico” que ese o cualquier otro país “mostraran claramente motivaciones de carácter de persecución política”.
Díaz Guillén fue arrestada en Madrid el pasado mes de abril junto a su marido, Adrián José Velásquez, quien ejerció de jefe de seguridad de Chávez y que también está reclamado por Venezuela por los mismos delitos, si bien su vista de extradición se celebrará el próximo día 16.
La defensa de ella sostiene que al matrimonio “le han montado un expediente simulado, bajo la apariencia de un delito común, escondiendo motivaciones espurias”, dado el “modus operandi” del Servicio de Inteligencia de Venezuela (Sebin).
Además, alega que Venezuela no incluyó en su petición de extradición “ni una sola descripción”, “ni un solo hecho” que respalde las acusaciones contra ella: “Tan solo se aporta el recorte de prensa sobre los ‘Panamá Papers'”.
Díaz Guillén está acusada en Venezuela de “presuntas irregularidades realizadas durante su ejercicio en la Administración Pública”, donde fue secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) y administradora del Despacho de la República Bolivariana de Venezuela, dinero que habría sacado fuera del país.
Sin embargo, su defensa alega que su labor de tesorera, de la que fue cesada al mes de que falleciera Chávez, fue auditada por firmas internacionales como Deloitte, y niega tajantemente que haya tenido nunca sociedades o cuentas bancarias en Panamá.
EFE