La Corte Penal Internacional (CPI) afirmó este martes que no se dejará disuadir por las amenazas de Estados Unidos, que anunció sanciones contra sus jueces y fiscales si persiguen a ciudadanos estadounidenses o israelíes.
“La CPI, en su calidad de corte de justicia, continuará haciendo su trabajo sin dejarse disuadir, conformemente a los principios y a la idea general de la primacía del derecho”, declaró la Corte, con sede en La Haya.
Esta reacción se produce al día siguiente de un amenaza sin precedentes de Estados Unidos contra este tribunal a cargo de juzgar los crímenes de guerra y contra la humanidad, con sede en La Haya.
Estados Unidos amenazó el lunes con arrestar y procesar a jueces y a otros funcionarios de la CPI si el tribunal toma acciones por crímenes de guerra contra estadounidenses que combatieron en Afganistán, así como si inician investigaciones contra Israel por demandas de la Autoridad Palestina.
“Vamos a impedir a esos jueces y fiscales la entrada a Estados Unidos. Vamos a aplicar sanciones contra sus bienes en el sistema financiero estadounidense y vamos a entablar querellas contra ellos en nuestro sistema judicial”, advirtió el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton.
Bolton acusó a la corte internacional encargada de juzgar principalmente crímenes de guerra y contra la humanidad de ser “ineficaz”, “irresponsable” y “francamente peligrosa” para “Estados Unidos, Israel y otros aliados”.
En respuesta, la CPI recordó que es “una institución judicial independiente e imparcial”.
La CPI insistió sobre el hecho de que ejerce su competencia únicamente cuando los Estados implicados no son capaces o no quieren llevar a cabo investigaciones contra ellos mismos.
La CPI se rige por el Estatuto de Roma, un tratado ratificado por 123 países y que entró en vigor en 2002.
Las relaciones entre Washington y la Corte con sede en La Haya han sido siempre tumultuosas. Estados Unidos se ha negado a formar parte del organismo y hace todo lo posible para evitar que sus ciudadanos puedan ser objeto de investigaciones.
AFP