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El Foro de Periodistas Independientes de Nicaragua rechazó hoy los “ataques contra la libertad de expresión” que, a su juicio, ha cometido el Gobierno de Daniel Ortega en el marco de la crisis sociopolítica que comenzó en abril pasado.
EFE
“El Foro de Periodistas Independientes rechaza cada uno de los ataques de la dictadura Ortega-Murillo contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de información”, señaló ese grupo en una declaración tras celebrar una actividad en Managua por del Día Internacional del Periodista.
Ese foro también condenó “los más recientes ataques a periodistas, entre ellos el secuestro del corresponsal de Canal 10 en Jinotega, Francisco Espinoza, y Roberto Collado corresponsal en Granada del mismo canal” y las agresiones a la comunicadora extranjera Sandra Weissy, de Alemania, y a la documentalista Emilia Mello de Brasil.
Nicaragua vive desde el 18 de abril una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de más de 400 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 198 los fallecidos.
“¡Exigimos la liberación de los presos políticos! ¡Nicaragua es de todos! ¡Todos tenemos derecho a expresarnos libremente y a tener acceso a información veraz e independiente!”, añade el comunicado del grupo.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
En una entrevista con la Agencia Efe en Managua, el presidente Ortega negó que se haya sofocado las protestas con represión, dijo no sentirse responsable de las muertes en las calles durante los últimos meses y culpó a EE.UU. y al narcotráfico de financiar, apoyar y armar a grupos violentos.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.