La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción, dijo este viernes que “todos los poderes” de Brasil tienen que acatar la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre dar garantías a la candidatura del expresidente, pese al carácter no vinculante del órgano, según indicó el Gobierno.
“Brasil tiene que respetar esa decisión porque tiene efectos vinculantes sobre todos los poderes y órganos de Brasil”, aseveró el abogado Cristiano Zanin Martins en una rueda de prensa en Sao Paulo.
El Comité de Derechos Humanos emitió hoy una decisión cautelar en la que pidió que se tomen “todas las medidas necesarias” para que Lula “pueda ejercer sus derechos políticos” como candidato presidencial para las elecciones de octubre, aunque esté en prisión.
Eso incluye, según matizó ONU Brasil en una nota, “tener acceso apropiado a la prensa y a los miembros de su partido político”.
La Cancillería brasileña aclaró después que las recomendaciones de ese comité no son vinculantes e informó que “el tenor de esa deliberación será enviado al Poder Judicial”.
ONU Brasil recalcó que la decisión es del Comité de Derechos Humanos, compuesto por expertos independientes.
Pero la defensa de Lula insistió en que “no se trata de una recomendación”, ni “es opcional” y que Brasil está “obligado” a cumplir ese dictamen.
“Es una decisión proferida por un órgano reconocido por el Estado brasileño, por medio de un decreto y por tanto debe ser cumplida. Es una decisión mandataria y que no comporta ningún tipo de cuestión u opción de no cumplirla”, aseguró Zanin Martins.
“No hay excepción, todos están obligados y la fuerza vinculante es para todos los poderes y órganos estatales”, manifestó, al tiempo que aseguró “tener mucha claridad” sobre la “obligatoriedad” de la decisión.
El comité también pidió que Brasil “no impida participar” a Lula “en las elecciones presidenciales de 2018 hasta” que haya una sentencia en firme de la condena a 12 años y 1 mes por corrupción que recibió y la cual ha sido ratificada en segunda instancia.
Cabe recordar que las resoluciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU no son vinculantes y un Estado puede decidir cumplirlas o ignorarlas, incluidas las peticiones como las planteadas hoy en favor de Lula.
El excanciller brasileño Celso Amorim, que ocupó ese cargo durante los Gobiernos de Lula, insistió en la tesis de esa supuesta obligatoriedad y calificó de “lamentable” la respuesta del actual Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Brasil tiene dos opciones o cumplir o ponerse como un paria internacional”, apuntó Amorim, también presente en la rueda de prensa.
El ex jefe de Estado pretende presentarse a las elecciones presidenciales de octubre y ya ha sido registrado como candidato por el Partido de los Trabajadores (PT), a pesar de su encarcelamiento y de estar prácticamente inhabilitado.
De acuerdo con la legislación electoral brasileña, los condenados en segunda instancia, como es su caso, están impedidos de postularse a cualquier cargo electivo, si bien la decisión final está en manos del Tribunal Superior Electoral, que tendrá que pronunciarse en las próximas semanas.
EFE