Dos centenares de personas reclamaron hoy ante el Congreso argentino la pronta aprobación de un proyecto de ley para “recuperar lo robado” al Estado por delitos de corrupción.
EFE
Convocada a través de las redes sociales, la movilización contó con la participación de ciudadanos independientes que, con bufandas, gorros y trajes a rayas blancas y negras, exigieron además que los jueces “metan presos a los políticos corruptos”.
“La ley es importantísima porque queremos que nos devuelvan al pueblo argentino todo lo que nos robaron”, dijo a Efe Mónica Carmen Matioli, una de las ciudadanas que acudió a las puertas del Parlamento.
El proyecto de la denominada ley de extinción de dominio de los bienes provenientes del delito fue aprobado por la Cámara de Diputados en junio de 2016 y desde entonces la iniciativa está a consideración del Senado.
Recién el pasado 24 de julio las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara Alta comenzaron a analizar la iniciativa en un reunión en la que resolvieron continuar el tratamiento el próximo martes.
“Mis hijos, mis nietos y los de todos los argentinos merecen que nos devuelvan lo que se robaron”, dijo a Efe Raquel Soto, quien vestida a rayas como una presidiaria y junto a una foto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), reclamó que la exmandataria vaya “presa”.
En las comisiones del Senado se han presentado tres proyectos alternativos al que ya cuenta con la aprobación de Diputados, pero los manifestantes reclamaron hoy que se convierta en ley el proyecto que tuvo el visto bueno en la Cámara Baja.
Aura Marina Ríos Flores, una de las convocantes a la protesta y quien se definió como una “activista por la justicia”, explicó a Efe que las nuevas iniciativas no considera “imprescriptibles” los delitos por corrupción y la ley, de aprobarse, no podrá ser aplicada de forma “retroactiva”.
“Nosotros pedimos que la ley nos permita recuperar todo lo que robaron y ayude a prevenir a que ningún gobierno robe nunca más”, afirmó Ríos Flores.
Los manifestantes juntaron 194.000 firmas a favor de la aprobación del proyecto y las entregaron hoy a la Cámara alta.
En las comisiones del Senado hay acuerdo en que el decomiso de los bienes de origen ilícito se realice en forma cautelar al inicio del proceso judicial, pero existen diferencias sobre los tipos de delitos que deben quedar alcanzados por la ley.
Para el oficialismo deben quedar alcanzados delitos complejos, como el narcotráfico, la financiación al terrorismo, hechos de corrupción y trata de personas.
Mientras, el kirchnerismo quiere incluir delitos de tipo financiero, como el uso de información privilegiada en el ámbito empresarial, la evasión impositiva o el lavado de activos, y el peronismo pretende excluir en los casos de corrupción los bienes adquiridos por un funcionario antes de llegar a la Administración pública.
Los proyectos también difieren en si debe ser el Ministerio Público Fiscal o la Procuración del Tesoro el que debe iniciar la acción de extinción de dominio.
La iniciativa aprobada en Diputados ha sido cuestionada en el Senado porque algunos de sus puntos generan dudas sobre su constitucionalidad.
Sectores de oposición han señalado además que el proyecto obtuvo en forma apresurada el visto bueno de la Cámara Baja en medio del escándalo que estalló al descubrirse a un ex funcionario kirchnerista arrojando a un convento bolsos con 9 millones de dólares.
Ahora el tratamiento en el Senado llega justo en medio de otro escándalo, el de la detención de varios empresarios y exfuncionarios kirchneristas envueltos en una presunta trama de corrupción descrita al detalle en una serie de cuadernos escritos por el chófer de uno de los exfuncionarios.