Un grupo de representantes de organizaciones feministas salvadoreñas pidieron hoy al Gobierno de Salvador Sánchez Cerén retirar su apoyo al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por las violaciones a derechos humanos que se registran en ese país.
“Estamos haciendo un llamado al Gobierno de El Salvador a que no sea cómplice de esa represión”, porque “sabemos qué es la represión de una dictadura y en Nicaragua se esta viviendo un terrorismo de Estado”, dijo a periodistas la activista Morena Herrera.
Desde abril pasado, más de 350 personas han muerto en Nicaragua, jóvenes en su mayoría y de las que los manifestantes, organismos locales de derechos humanos y entes internacionales, incluida la ONU, responsabilizan a la represión de las fuerzas de seguridad y grupos armados a afines al Gobierno de Daniel Ortega.
Herrera, quien se concentró hoy junto a una docena de mujeres para protestar frente a la embajada nicaragüense en San Salvador, también pidió a las diferentes organizaciones sociales comprometerse con “las libertades y a los derechos humanos”.
“La urgencia está en Nicaragua y hace 30 años el pueblo venció a la dictadura de Anastasio Somoza y va a vencer a la dictadura de Ortega y (la vicepresidenta) Rosario Murillo”, acotó la feminista.
Las mujeres gritaron consignas contra Ortega y Murillo y colocaron pancartas en la fachada de la sede diplomática con mensajes como “alto a la represión en Nicaragua” y “el Gobierno de El Salvador que respalda a Ortega no me representa”.
De igual forma, un grupo de nicaragüenses que residen en El Salvador se reunió en la plaza Alberto Masferrer, en una exclusiva zona de San Salvador, para rechazar las operaciones paramilitares de los últimos días.
“Las últimas operaciones en nuestro país, perpetradas por paramilitares encapuchados (…) y coordinadas por el régimen Ortega-Murillo, y la completa destrucción de las instituciones del Estado han sumergido a los nicaragüenses en una espiral de represión y muerte”, señalaron en un comunicado.
También apuntaron que las fuerzas de Ortega utilizan “armas de guerra” contra la población y lamentaron la aprobación de una ley antiterrorismo, que “permite al régimen criminalizar las manifestaciones ciudadanas”.
“Los jóvenes y ciudadanos que han liderado esta lucha no son terroristas, no son violentos, tampoco son minoría. Es el pueblo entero de Nicaragua el que lucha por vivir en paz y libertad”, indica la misiva.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”.
Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
EFE
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