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Un letrero sobre la caja de una pequeña tienda de una estación de gasolina de Caracas es parte de la memorabilia de los días en hiperinflación en Venezuela. El cartel le recuerda a la empleada que cada dos horas debe chequear que la facturación no supere los 100 millones de bolívares. La precaución se debe a que una vez alcanzado el monto la máquina fiscal que registra las ventas del negocio se detiene por haber alcanzado el tope programado. “Hace tres meses hacía 100 millones en un mes, pero ahora, como van los precios, lo hago en 2 o 3 horas y la máquina se tranca y debo llamar a la empresa a que la resetee, lo que me cuesta 5 millones de bolívares”, explica José Rodríguez, dueño de la tienda que vende refrescos, cervezas y snacks.
Por Florantonia Singer / El País
Los ceros se han hecho inmanejables en la economía venezolana. Rodríguez no está vendiendo más. Solo que la devaluación del bolívar por la aguda crisis económica que atraviesa el país petrolero infla las cuentas con ceros. La aceleración de los precios y el retraso de la reconversión monetaria —que había sido anunciada para hace un mes, pero que deberá esperar hasta agosto e igual será insuficiente si solo se restan tres ceros a la moneda— también han complicado las transacciones. En el habla cotidiana el venezolano ya le ha restado tres ceros a los precios. Cuando se dice que una cerveza cuesta 1.000 bolívares, en realidad cuesta un millón de bolívares; no por ello la hiperinflación deja de devorar los bolsillos, es solo una forma de hacerla más manejable.
Desde hace meses en algunos negocios también se ha hecho común que haya que esperar por recibir una factura hecha de forma manual, porque los softwares de contabilidad no han sido actualizados a la velocidad de la hiperinflación para admitir más ceros para registrar los precios de los productos. Las compras deben procesarse por partes, para no exceder los montos máximos admitidos por los programas. En los puntos de ventas, las transacciones también están al borde de hacerse inviables, por estas mismas razones. La adecuación de los sistemas implica un costo elevado para los ya golpeados comerciantes, quienes esperan con la reconversión, tomar ventaja sobre el correcaminos de la hiperinflación que se instaló en Venezuela hace siete meses.
Un kilo de carne y 866.000 litros de gasolina
“En los procesos hiperinflacionarios el mecanismo de fijación de precios se destruye. Hoy los bienes tienen aumentos de precios de manera desbordada, y al haber superado las tres cifras la inflación mensual —la de mayo fue del 110%, según las mediciones de la Asamblea Nacional— la hiperinflación se acelera”, explica el economista Luis Oliveros.
La de Venezuela, sin embargo, es una inflación particular entre los 57 episodios que se han registrado en el mundo. “Por las características económicas de nuestro país no deberíamos estar viviendo esto, porque este es un país petrolero, que tendría otras vías para compensar sus huecos fiscales. En el 99% de los casos la hiperinflación ocurre cuando los Estados entran en déficit y lo compensan con impresión de dinero. A Venezuela este proceso la agarra con toda la producción nacional en caída por una política de control de precios, al igual que la producción petrolera”.
La destrucción del mecanismo de fijación de precios es lo que hace que hoy al recorrer un supermercado se vean precios tan elevados y dispares como el de una lata de 140 gramos de atún a 6.300.000 bolívares, el mismo precio de una bolsa de detergente de un kilo; un kilo de carne a un poco más de 5.000.000, un tarro de mantequilla en 3.300.000, un kilo de queso blanco en 5.306.604 bolívares y uno de jamón en 14.000.000, un kilo de brócoli en 3.300.000 y un kilo de cambures [plátanos, bananas] en 1.200.000. Estos precios corresponden a la última semana de junio, la mayoría ya ha cambiado. Ante la falta de referencias el comerciante sube los precios constantemente intentando no perder cuando le toque reponer el producto. “En estos procesos la economía tiende a dolarizarse, porque nadie puede usar el bolívar como parámetro”.
En las tiendas en línea ya se ven productos que cruzaron la barrera de los 1.000 millones de bolívares: una bicicleta con rueditas, un disco duro externo, una consola de videojuegos, un celular de gama media, una lavadora pequeña, una pista de carros. Todos son artículos para los que se necesitan 192 salarios mínimos, es decir, lo devengado por un trabajador durante 16 años, para poder adquirirlos.
El salario mínimo de 5.196.000 bolívares (con el bono de alimentación incluido, que equivalen a un poco más de un dólar en la tasa paralela) alcanzaría solo para comprar un kilo de carne o un tarro de mantequilla y una mano de cambures. Pero, paradójicamente, también para costear 866.000 litros de gasolina de 95 octanos, a precio de 6 bolívares por litro, con lo que se podría cargar el tanque de un auto pequeño 24.000 veces. El cálculo en 91 octanos, cuyo valor es de 1 bolívar por litro, sería aún más aberrado. El combustible mantiene el mismo precio desde 2016, la única vez en 20 años que se ha aumentado. “El subsidio que mantiene el Gobierno a la gasolina es inflacionario en sí mismo, porque el Banco Central está imprimiendo dinero para financiar a Petróleos de Venezuela (PDVSA) para que pueda cubrir ese gasto”, agrega Oliveros.
En las estaciones de gasolina es el único sitio donde aceptan los viejos billetes de la familia vigente, incluido el marrón de 100 bolívares, que hace dos años el Gobierno de Nicolás Maduro intentó sacar de circulación, pero no pudo ante la brutal escasez de dinero en efectivo que hay en el país. Esa es otra de las particularidades de la inflación venezolana. La masa monetaria ha crecido enormemente. Los economistas manejan una cifra récord de 7.274% de aumento de la liquidez en el último año, en el que se acumulan ocho aumentos salariales y entregas de bonos especiales con cada feriado y elección. Pero con respecto a la enorme base monetaria, solo 2,3% del dinero circulante son billetes, lo que dificulta las transacciones en un país que si bien está altamente bancarizado, la desinversión en tecnologías y redes de comunicación, convierte en un bache cotidiano cualquier compra electrónica. “El Gobierno emite dinero de forma alarmante y ese dinero va a perseguir los pocos bienes que hay disponibles”, apunta Oliveros.
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