Camiones, tractores, carros, bicicletas, rines, cerámicas, cemento, electrodomésticos, computadores, celulares, tuberías, desinfectantes, pañales, telas, autopartes, envases de papel, cartón, plástico, vidrio, aluminio y en fin, todo aquello que usted busque y no encuentre, está perdido acá, en ese sumidero por donde se han drenado de forma irresponsable y oscura los recursos de todos los venezolanos, pues en proyectos absurdos realizados en conjunto con economías fracasadas como la iraní o la bielorrusa, por allí se han ido cientos de millones de dólares y se siguen y seguirán yendo otros tantos, mientras no se supere el modelo regresivo que ha sumergido a nuestra otrora vibrante y pujante nación, en una sombra lánguida que solo exporta compatriotas escapando de la miseria.
El reciente Decreto Presidencial 3.467 publicado en la Gaceta OficialExtraordinaria No. 6382 del pasado 15 de Junio, según el cual se adscriben al Ministerio de Industrias y Producción Nacional un total de ciento cuatro entes y organizaciones, de los cuales apenas ocho son organismos oficiales, mientras que las restantes noventa y seis, son simplemente empresas que se dedican a actividades tradicionalmente reservadas a la empresa privada y otro puñado se corresponde con las tradicionalmente saqueadas empresas de la Corporación Venezolana de Guayana, es una muestra perfecta de como un modelo claramente equivocado y perversamente enfrascado en marchar en retroceso, solo logra el efecto contrario a lo que proclaman como su objetivo, al destruir y convertir en miseria todas sus iniciativas.
Cuesta imaginar como la producción de tractores en alianza y sociedad con Bielorrusia o la de tractores con Irán, sin dejar de mencionar la de un elefante blanco como los más de cuarenta mil metros cuadrados de la llamada planta madre wuanaguanare o simplemente la penosa aventura de fabricar celulares, se traduzcan en emprendimientos rentables o que al menos en uno solo de los casos produzca algún beneficio colectivo y no que solo sea útil como en efecto lo es, para mantener una nómina parásita de activistas al servicio del Poder Ejecutivo. Basta observar las páginas Web de alguna de esas empresas “socialistas”, para verificar que el dinero de todos los venezolanos se va en mera propaganda política y no en beneficio de la calidad de vida del pueblo. Es suficiente el primer considerando del Decreto 6382, para aclarar que en efecto, la prioridad de Maduro es alcanzar la mayor eficacia política en la construcción del socialismo y no el bienestar de Venezuela y los venezolanos, sin importar lo que cueste, haciendo obvio e incontestable, que les tiene sin cuidado la avasallante evidencia del derroche improductivo, pues lo que les importa no es otra cosa que el control político.
Mientras tanto, desde el alto gobierno y particularmente desde el nuevo ente de industria y producción nacional, se insiste en aplicar la fórmula segura del naufragio, ya no solo conformándose con seguir drenando las finanzas púbicas en sus más de noventa empresas improductivas y quebradas, sino que además proponen a la menguada iniciativa privada que aún queda en pie, el acordar y fijar los precios de al menos cincuenta productos esenciales, lo cual no es otra cosa que un ejercicio de ignorancia deliberada ante la espiral hiperinflacionaria en la que estamos sumergidos, que solo conducirá a más cierres, escasez y desaparición definitiva de más de uno de esos productos esenciales. Pretender que la hiperinflación se detendrá con “acuerdos” y fijación de precios, bajo la amenaza de que quien salga del redil será castigado inclementemente por golpista, es la receta perfecta para que más y más empresas aún privadas, pasen a formar parte en un futuro cercano del drenaje cada vez mayor de la hacienda pública.
Bajo un nuevo modelo político, cuando la democracia sea una realidad y no una aspiración, cuando insertarnos en las dinámicas propias del siglo XXI sea posible, esas más de noventa empresas pasarán a formar parte del esfuerzo e iniciativa privada, como siempre ha debido ser, siendo que su compromiso social será principalmente el de contribuir a las finanzas públicas del país y al bienestar colectivo a través de sus tributos, dejando además de ser una injusta carga colectiva. Y es que al hablar de carga colectiva, ¿cabe alguna duda a estas alturas de que alguna primera necesidad del pueblo ha dejado de ser cubierta para mantener la manufactura ineficiente por ejemplo de bicicletas? ¿Dónde está el mayor bien para la mayor cantidad de personas? ¿En drenar nuestros recursos en esas más de noventa empresas quebradas? Juzgue y decida usted, la respuestas es fácil y no se necesitan anteojos para concluir que noventa empresas improductivas son un injusto desagüe a nuestra economía que necesariamente debe corregirse y en eso debemos enfocarnos quienes aspiramos a una mejor Venezuela.
Cástor González
Abogado
Presidente del Centro Popular de Formación Ciudadana -CPFC
@castorgonzalez