Indefendible ante la evidente entrega del Esequibo, la dictadura evita hacer cualquier referencia bulliciosa que la exponga. Inevitable hacerlo, siendo muy pocos, sus partidarios en las redes intentan cualquier pretexto.
Uno de ellos, consiste en acusar a la oposición por los errores y, en definitiva, implícitamente reconocida, la pérdida del territorio. Los unos, versan sobre el sabotaje de las iniciativas oficiales, oficialistas y oficiosas en el medio internacional; y, los otros, denuncian la afanosa gestión por lograr sanciones de los gobiernos del mundo, en lugar de apoyar nuestra histórica reclamación.
Suponemos que está en trámite académico la universal conspiración de las transnacionales del petróleo, explicando el fracaso alcanzado en la Fachada Atlántica para forzar el esquema anti-imperialista, por ejemplo. No obstante, el anacrónico enfoque puede ocultar la colaboración dispensada a esos intereses, pues, ya cobra consistencia la sospecha relacionada con una negligencia calculada, pues, inconcebible, acumular inocentemente tantos yerros, torpezas y descuidos en la materia.
El deliberado propósito de responsabilizar o, al menos, atenuando la gravedad del caso, corresponsabilizar a la oposición en la entrega del territorio, está en marcha. Toda una táctica de neutralización de sus efectos o consecuencias políticas, no evita que la realidad siga su curso.
Quizá haya sorpresas con la constitución cubana que está cuajando en la tal constituyente caraqueña, pues, principios y previsiones como la del uti possidetis iuris, pueden desaparecer, por histórica y tradicional que fuese en el constitucionalismo venezolano. Nada extrañará la omisión, porque el Estado Cuartel se edificó sobre una de ellas, desapareciendo antiguas disposiciones como aquella de que la autoridad civil y la militar no pueden ejercerse simultáneamente.