La falta de consenso en torno a una propuesta que pide la presencia urgente en Nicaragua de organismos internacionales de derechos humanos llevó a un receso a la mesa de diálogo nacional, retomada hoy por el Gobierno y una gran alianza cívica para buscar una salida a la crisis que deja ya 200 muertos en el país.
EFE
La Conferencia Episcopal, mediadora del diálogo, propuso a la mesa plenaria urgir la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), invitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e igualmente a la Unión Europea (UE).
El obispo de la diócesis de Matagalpa (norte), Rolando Álvarez, explicó que esa propuesta está basada en dos puntos de las recomendaciones hechas por la CIDH, entre ellos uno que pide crear un grupo internacional para investigar los hechos de violencia.
La misma contó con el respaldo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, representada por empresarios, miembros de la sociedad civil, campesinos y universitarios, mientras que la delegación del Gobierno, encabezada por el canciller Denis Moncada, se abstuvo.
“Lamentablemente no encontramos consenso”, dijo el obispo Álvarez, quien explicó que esa propuesta había sido consensuada y aceptada de antemano por las partes.
“Lo lamentamos porque creemos, en consciencia, que nuestra propuesta no dañaba a nadie y le hacía bien al país”, afirmó.
En tanto, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, lamentó que se llegue a un punto muerto en materia de derechos humanos, porque, a su juicio, “podemos estar poniendo en peligro la estabilidad de la nación”.
Báez propuso a las partes reflexionar la propuesta y discutirla nuevamente después del receso, por lo que se espera que la mesa se retome este mismo viernes.
Previo a esa votación, también se presentó a la mesa plenaria una propuesta de la Alianza Cívica y otra del Gobierno, y ninguna tuvo consenso.
La propuesta de la Alianza Cívica prácticamente coincidía con la de la Comisión Mediadora, mientras el Gobierno propuso que se levantaran los tranques o bloqueos en las vías y que hará gestiones con la ONU, CIDH y UE a fin de fortalecer el diálogo.
Durante el debate, el Ejecutivo pidió un minuto de silencio por las víctimas de la ola de violencia que enfrenta el país.
El canciller Moncada advirtió que Nicaragua vive “una ola de criminalidad nunca vista por sus niveles de salvajismo, de barbarie y de odio”, que tildó como un “salvajismo inaudito sin precedentes” e hizo un llamado a “basta ya de violencia” y violar los derechos humanos fundamentales.
El académico Carlos Tünnermann, de la Alianza Cívica, replicó y acusó al Gobierno, a la Policía Nacional y a las fuerzas paramilitares afines al oficialismo de causar esa ola de violencia.
“En las manos del presidente Ortega está que cese (la violencia). En Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Dónde ha quedado la Constitución? Manchada de sangre. Mientras hablamos aquí, están cayendo los muertos”, lanzó, por su lado, el líder estudiantil Lésther Alemán.
El director de una ONG, Juan Sebastián Chamorro, advirtió que “este diálogo irá muriendo poco a poco” si continúa la violencia.
“Cuando debilitamos esta mesa del diálogo, debilitamos Nicaragua”, alertó una de las representantes del empresariado, María Nelly Rivas.
“No nos sigan viendo la cara de pendejo”, dijo, por su lado, el dirigente de los campesinos, Medardo Mairena, refiriéndose al Gobierno.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, abogó para que todos contribuyan en buscar una salida a la crisis, porque “todos somos responsables en los daños que hemos hecho al país”.
Nicaragua está sumida desde el pasado 18 de abril en esta crisis sociopolítica, la más sangrienta desde la década de 1980, cuando Ortega también era presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.