El Estado de Guatemala está obligado a dar reparaciones a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, aseguró hoy el relator de las Naciones Unidas para la Promoción de la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, Fabián Salvioli.
EFE
“Las reparaciones son devoluciones que el Estado tiene que hacer por las violaciones a los derechos humanos, no solo en Guatemala sino en todo el mundo”, enfatizó Salvioli.
El experto de nacionalidad argentina fue uno de los oradores principales en el seminario internacional “¿Hacia dónde van las reparaciones en Guatemala?”, organizado por Impunity Watch.
Agregó que las reparaciones tienen que incluir no solo la restitución de los derechos de las víctimas, sino medidas de rehabilitación como asistencia médica y psicológica, y la recuperación de sus tierras.
Sentado en una grada en un patio del Museo de la Merced, en la capital, Salvioli dijo que el Estado también debe garantizar que los hechos no se repitan y que todas las instituciones públicas deben de responder a las reparaciones.
El argentino explicó que su participación en el seminario ha sido la primera actividad en la que participa como relator de la ONU, cargo que asumió el pasado 1 de mayo, aunque aclaró que su visita a Guatemala no es oficial.
Manifestó que la justicia, aunque es “lenta”, es el camino para encontrar la verdad porque es “todo lo contrario de la venganza”.
Salvioli comentó que nunca pensó que José Efraín Ríos Montt, el exjefe de Estado de facto (1982-1983) que falleció el pasado 1 de abril, iba a ser juzgado, pero, resaltó, “estuvo en el banquillo de los acusados”.
El fallecido general retirado estaba siendo juzgado por segunda vez por la matanza de 1.171 indígenas ixiles cuando murió a la edad de 92 años.
En 2013 había sido condenado a 80 años de prisión por genocidio, pero la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país anuló la sentencia por un error en el proceso y ordenó un nuevo juicio.
Por su parte, Marlies Stappers, directora de Impunity Watch, expresó que existe “preocupación” porque aún cuando Ríos Montt fue juzgado, existe “un estancamiento de la justicia”.
“Hay una política de olvido de lo que pasó en el conflicto armado, la justicia es muy lenta”, sostuvo la organizadora del seminario con motivo de cumplirse 15 años de la creación en Guatemala del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR).
Coincidió con el relator de la ONU en que las víctimas tiene el “derecho legítimo” a la reparación por las “grandes injusticias”.
“El Estado tiene el derecho, primero, de prevenir y luego juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos”, manifestó, por su lado, Liliana Valiña, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Guatemala.
Insistió en que las víctimas “tienen derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación integral y a la no repetición” y criticó las tácticas dilatorias que utilizan los abogados de quienes han sido acusados de las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto (1960-1996).
“Es importante que la reparación sea transformadora”, afirmó Valiña.
El conflicto armado dejó en Guatemala unas 200.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos. EFE