El gobierno español dijo este jueves que “respeta siempre” las decisiones judiciales, “cuando le gustan y cuando no”, después de que la justicia alemana decretara la libertad bajo fianza para el expresidente catalán Carles Puigdemont y descartara el cargo de “rebelión” para su posible extradición.
“El gobierno desconoce los términos exactos en que se ha pronunciado el tribunal alemán y por lo tanto no puede hacer ninguna valoración”, declaró a la AFP una fuente gubernamental.
“Además, el gobierno nunca opina sobre decisiones judiciales. Más aún cuando se trata de decisiones de un tribunal de otro país. Las respeta siempre; cuando le gustan y cuando no”, añadió.
La justicia alemana decretó este jueves la libertad condicional bajo finanza para el independentista Puigdemont, detenido desde hace unos 10 días en el estado de Schleswig-Holstein.
El tribunal decidió seguir examinando la petición de extradición a España, pero rechazó el principal cargo que figura en la orden de arresto europeo emitida por Madrid, al considerar que esa acusación no tiene un equivalente en el derecho alemán.
El tribunal “considera que una extradición por motivo de rebelión no es admisible”, indicó en un comunicado el tribunal del estado de Schleswig-Holstein.
Retener el cargo de “rebelión” por el que se acusa a Puigdemont por la organización del referéndum sobre la independencia de Cataluña en octubre implicaría que Puigdemont fuera directamente culpable de hechos de violencia.
La sentencia de la justicia alemana supone un revés para el juez del Tribunal Supremo español que había emitido la orden de detención europea que condujo a su arresto, pues si Puigdemont es entregado a España, la justicia del país no podrá procesarlo por rebelión.
El juez de instrucción del Tribunal Supremo Pablo Llarena quería juzgar al líder independentista catalán por los cargos de rebelión y de malversación de fondos.
La rebelión, pasible con hasta 30 años de prisión, implica un alzamiento violento y la defensa de Puigdemont, así como algunos juristas en España, sostienen que eso no se produjo.
La justicia española solo podría juzgar a Puigdemont por malversación de fondos, explicó a la AFP el abogado penalista Xavier Etxebarria, quien ha tratado casos de entregas y de extradición. Este delito puede ser penado con entre 4 y 8 años de cárcel de media, precisó.