La fiscal general de la república en el exilio, Luisa Ortega Díaz, recibió este miércoles una serie de documentos sobre la masacre de El Junquito del pasado 15 de enero en donde fuerzas armadas asesinaron al ex funcionario del Cicpc, Óscar Pérez, y a seis personas más para ampliar la denuncia a instancias internacionales.
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Díaz se colocó a la orden del Parlamento nacional para llevar a cabo los casos de violación de los Derechos Humanos en el país. Solicitó a la AN pedir a la Corte Penal Internacional (CPI) se les reconozca como parlamento legítimo al igual que a los gobierno del mundo. “No permitan que le den otro golpe al parlamento venezolano”, afirmó.
Ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional indicó que “mi deseo es trabajar con ustedes, no sólo con las diligencias que he venido haciendo, sino con todo lo que pueda ayudar en acciones que ustedes lleven a cabo”, sostuvo durante un contacto vía Skipe.
Asimismoreiteró solicitará al parlamento holandés la expulsión de la Haya a la embajadora de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), Haifa el Aissami.
“Solicitaré al Parlamento Holandés que estudie la posibilidad de que se expulse de la Haya a la embajadora de Venezuela, Haifa el Aissami, ante la Corte Penal Internacional. Quien se ha convertido en un elemento perturbador frente a cualquier investigación con relación de Derechos Humanos contra altos funcionarios venezolanos”, dijo durante su intervención.
Díaz aseguró que esta representante ha estado envuelta en irregularidades para favorecer al gobierno de Nicolás Maduro, al tiempo que se refirió a la muchas denuncias que ha hecho ante organismos de justicia internacional sobre casos de corrupción y violación de Derechos Humanos en Venezuela.
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