La comunidad internacional reconoce a Leopoldo López como “el preso político estrella” de Venezuela. Pero el ex alcalde que este 18 de febrero cumple cuatro años privado de libertad no es el único, advierten los abogados que llevan las distintas causas, según reseña el diario La Nación.
Daniel Ceballos y José Vicente García, pero también Edinson Araujo, Eduardo Vethencourt, Anyelo Heredia, Juan Carlos Nieto, Franklin Maldonado, Josué Valbuena, Sergio Chacón, Wilker Vivas y Frederick Velasco. Entre los más jóvenes suenan los nombres de Gregory Sanabria o Renzo Prieto. Y, el más reciente, Pedro Zambrano Hernández.
Son 14 los denominados presos políticos del Táchira, precisa en San Cristóbal la abogada penalista Ana Leonor Acosta. Se trata de estudiantes, dirigentes sociales, políticos y militares. Los civiles, todos siguen con procesos judiciales abiertos (o no han sido llevados a audiencia preliminar, o están listos para audiencia de apertura de juicio oral y público pero no se celebra, o incluso les libraron boleta de excarcelación pero no la cumplen); un uniformado, el único condenado.
Sus nombres, uno a uno, fueron enunciados durante un foro titulado “Venezuela tras las rejas”, celebrado el viernes pasado en la UNET. La actividad estuvo promovida por la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón, conformada en julio pasado por iniciativa de Rosa Orozco, madre de Geraldín Moreno, joven carabobeña fallecida por impactos de perdigón en la cara durante las protestas de 2014.
La ONG, explica Orozco, hace un trabajo de visibilización de los familiares de víctimas de la violencia política. En San Cristóbal, luego de presentar testimonios al auditorio, se mostró satisfecha con la receptividad de los estudiantes.
De 374 es la lista de presos políticos en toda Venezuela que manejan los abogados del Foro Penal. Orozco se sabe de memoria su clasificación: 235 civiles, 82 militares, 16 políticos, 22 estudiantes, 13 policías y 29 mujeres.
En el caso de Daniel Ceballos, Acosta, que hace parte de su defensa, cuenta 32 audiencias diferidas. La próxima está fijada para el 14 de marzo, cinco días antes de que el dirigente cumpla cuatro años tras las rejas. Y no sería una audiencia más, sino por segunda ocasión la de apertura de juicio toda vez que el proceso pasado fue anulado, aunque ya había avanzado con varias rondas de testigos. “Para los presos políticos los tribunales y la justicia no funcionan”, abrevia la abogada.
Y es que los de los llamados presos políticos suelen ser procesos judiciales muy lentos en líneas generales, amplia Alonso Medina Roa, director y fundador del Foro Penal Venezolano. De visita en San Cristóbal para participar en el foro cumplido en la UNET, el jurista delineó las características comunes a los casos: “la violación a las normas del debido proceso, al principio del juez natural, el retardo y la falta de autonomía e independencia de los jueces”, enumeró.
La mayoría de los tachirenses presos por razones políticas están en El Helicoide, sede del Sebin en Caracas, “en condiciones deplorables”, evaluó Medina Roa. Acosta suelta un dato del exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos que refrenda la apreciación de su colega: “No recibe la luz del sol desde junio del año pasado. Su piel se ha tornado amarilla”.
Medina Roa afirma: “La tortura se ha convertido en algo sistemático en Venezuela, pero lo más preocupante es que ha generado silencio y ya no genera mayor asombro entre la sociedad. Muchos han sido víctimas no solo de tortura física, sino de la tortura blanca; una que no deja cicatrices en el cuerpo, pero sí grandes lesiones desde el punto de vista psíquico”.
El también especialista en derecho penal y derechos humanos repasó tres eventos recientes que, ahora en el contexto del cuarto aniversario de cárcel de Leopoldo López, han posicionado otra vez el tema de los llamados presos políticos en el ámbito internacional: el pronunciamiento de Luisa Ortega Díaz ante la Corte Penal Internacional, el informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela compilado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el comunicado del martes pasado del Grupo de Lima, firmado por 14 países de la región.