La llegada masiva de venezolanos a los 11 municipios de esta subregión de Norte de Santander se hace, en su mayoría, por caminos ilegales. La zona no solo es sitio de tránsito hacia ciudades más grandes. Muchos vienen dispuestos a echar raíces allí y a instalar sus negocios, legales o ilegales, publica El Espectador.
Por Giovanni Mejía Cantor
Ocaña, municipio de 120.000 habitantes y considerado la capital de la provincia y despensa del Catatumbo, ha tenido que asumir como los demás municipios de la región las circunstancias que genera la llegada permanente de venezolanos. El panorama en esta localidad tiene diferentes matices cuyos colores los dan quienes son netamente venezolanos. Otro, los venezolanos hijos de colombianos, y un tercero, los colombianos que hace muchos años decidieron ir a buscar futuro tras la frontera y ahora decidieron regresar. Núcleos familiares han optado por tomar en arriendo una habitación o inmueble donde viven en condiciones de hacinamiento padeciendo las implicaciones de salubridad que esto conlleva.
La educación es uno de los temas que llevó al Colegio de Rectores de las instituciones educativas de Ocaña a reunirse para trazar una ruta que permita, dentro del marco legal, otorgar cupos en los colegios que aún tienen plazas disponibles. Óscar Pallares, rector del Colegio Agustina Ferro donde se atienden estudiantes de estratos uno y dos, dice que las solicitudes de ingreso desbordaron este año afectando la mayoría de instituciones públicas no sólo de Ocaña, sino de la provincia donde quedaron cursos con 42 y hasta más estudiantes. En lo que sí hizo claridad es que quienes quieran acceder a un cupo tienen que tener los documentos en regla, ya sea con visa estudiantil o legalizar su permanencia en Colombia. El Colegio de Rectores se reunió la semana pasada con el fin de trazar una ruta a seguir con los niños y adolescentes que quieren ingresar al sistema y cuya condición tiene diferentes variables, según explica Alonso Montaguth, rector de la Normal Superior. Niños nacidos en Venezuela de padres colombianos, menores colombianos o venezolanos hijos de padre o madre venezolano y colombiano, además de los netamente venezolanos. La idea es que se les pueda otorgar el cupo siempre y cuando tengan su situación de permanencia legalmente definida para poder incluirlos en el Simat.
En materia comercial, tanto en Ocaña como en los municipios de la región, la llegada de venezolanos se ha visto representada en el montaje de negocios, sobre todo en peluquerías y barberías. Estas con apariencia de formalidad, sin embargo, según la Cámara de Comercio de Ocaña, no hay solicitudes formales para activar ese tipo de servicios estéticos. Desde 2016 a la fecha sólo hay registro en la entidad de seis extranjeros matriculados: un italiano con pasaporte y los restantes con cédula de extranjería, quienes tienen montados restaurantes y almacenes. Para los peluqueros locales el incremento de esa competencia los ha afectado no sólo por la fuga de clientes, sino porque, según explica una propietaria de salón de belleza, los venezolanos cobran más barato. La venta ambulante de productos comestibles ha crecido sin que haya un registro oficial de cuántos venezolanos están en la informalidad con productos autóctonos del vecino país, entre estos la “chicha venezolana”. Además, es visible la proliferación de puntos de comidas rápidas y de frutas, entre otros. En la Cámara de Comercio tampoco hay quejas formales de comerciantes locales legalmente establecidos por posible afectación generada desde la informalidad foránea. Lo que también es evidente en Ocaña es la actividad que desarrollan trabajadoras sexuales. Algunas de ellas enseñan su pasaporte, cédula de extranjería y cédula venezolana. La mayoría de estas mujeres se concentran en bares y residencias del mercado público, principal dinamizador de la economía.
El sistema de salud al que pueden acceder los venezolanos en Ocaña y los municipios del Catatumbo es ofrecido por el Hospital Emiro Quintero Cañizares. El servicio de urgencias los recibe sin importar la procedencia o afiliación a algún tipo de régimen. Para otro tipo de atención más compleja, el gerente de la empresa social del Estado, Jairo Pinzón López, tiene dispuesto que sean atendidos. Sin embargo, vigilancia epidemiológica maneja en sus estadísticas el incremento en al menos cinco casos de VIH, cuyos pacientes serían venezolanos.
En materia de seguridad, la situación se torna preocupante. Entre las personas capturadas por delitos como violencia intrafamiliar, hurto y hasta ingreso a grupos armados ilegales y organizados hay venezolanos. En un caso de homicidio registrado el 15 de octubre de 2017, cuando fue asesinado Libardo Alfonso León Benítez en el interior de unas residencias cuando el hombre, empleado del hospedaje, habría cobrado a una pareja de venezolanos el servicio, fue agredido con un pico de una botella de gaseosa perdiendo la vida. A finales del año pasado el cadáver baleado de la venezolana Verónica Audrimar Raga Murillo fue hallado por algunos agricultores del sector El Diviso, entre los municipios de Convención y San Pablo de Teorama. Sobre este homicidio no se conocieron circunstancias.
Convención traza ruta de atención
El boom en este municipio, puerta de entrada al Catatumbo, son las peluquerías. Quienes han llegado han optado por ganarse la vida cortando el cabello, peinando y haciendo manicura y pedicura. Otro grupo de migrantes se ha dedicado a trabajar en construcción. Según un funcionario de la Alcaldía de Convención, quienes han llegado a asentarse en esa localidad, tienen raíces por padres y abuelos, por lo que se sienten en su tierra. Su estadía no se hace visible y no han originado problemas. El alcalde Hermes Alfonso García Quintero adelanta una campaña de asistencia e identificación junto con ONG como elConsejo Noruego y la personería para las cerca de 55 personas que han llegado. Se les ha facilitado el ingreso al sistema educativo, se han vinculado al Sisbén para que puedan acceder a ayudas y atención médica. Mediante perifoneo se citan a reuniones, en las que a los asistentes se les dan a conocer las medias y rutas a seguir para garantizarles una permanencia digna.
Control social a venezolanos en El Tarra
La prostitución ejercida por mujeres venezolanas no se hace de manera abierta. Esto, porque ante el descontento de la comunidad se les hizo un inusitado llamado de atención para que su actividad no fuera tan evidente como lo venían haciendo hasta hace unos meses. Como si con esconderlas a ellas se resolviera el problema de la migración desordenada y acelerada por la crisis que vive Venezuela. En este municipio varios de los migrantes contaron a El Espectador por qué decidieron llegar a esa población enclavada en las montañas del Catatumbo. “Gracias a Dios nos han colaborado en el pueblo”, dice una mujer que llegó hace tres años. Otro de los extranjeros, que lleva tres meses en esa localidad, considera que no han tenido problemas, porque se han dedicado a trabajar. Sin embargo, Yuléicer Torrado, líder comunal de El Tarra, comenta que hay quienes han tenido que dormir en parques y otros que se han dedicado a hurtar motos. Torrado dice que así como salen venezolanos de El Tarra, asimismo llegan. En esta localidad no se conocen políticas adoptadas por parte de la administración municipal frente a los venezolanos.
Hasta diciembre de 2017, Ocaña recibió 1.244 retornados colombianos y venezolanos.
Ocaña maneja un reporte de retornados colombianos y venezolanos al municipio desde el 1° de febrero al 27 de diciembre de 2017, en el cual se anota que en esta localidad son 889 personas adultas y 355 menores de edad concentrados en 434 núcleos familiares para un total de 1.244 personas procedentes de Venezuela discriminadas en 109 mujeres colombianas, 108 hombres colombianos, 31 niñas colombianas, 39 niños colombianos, 383 mujeres venezolanas, 289 hombres venezolanos, 146 niñas venezolanas y 139 niños venezolanos. Con estos datos, la administración municipal de Ocaña busca generarles condiciones de vida digna y prestarles un servicio humanitario a quienes han reportado su situación en la Coordinación Municipal para Gestión del Riesgo.