La Constitución y la legislación nacional, así como el derecho internacional, expresan el carácter obligatorio que tienen los Estados de mantener los mecanismos que sean precisos para alimentar a la población debidamente.
Nuestra Carta Magna lo establece en su artículo 305 que obliga a promover diversos mecanismos para garantizar la seguridad alimentaria, entre ellos impulsarla agricultura sustentable y la producción agropecuaria. El gobierno hace todo lo contrario y ha privilegiado las importaciones, que al faltar los petrodólares, ha generado una hambruna generalizada y sin precedentes en al país. Aprobaron una ley de seguridad y soberanía agroalimentaria en el año 2008, que no se han dignado ni revisar.No se puede hablar de soberanía en un país convertido en colonia, ni de planes de la patria, cuando dependemos de las ordenes que vienen de la isla y que se han llevado todas nuestras riquezas, al punto que ya es común decir que ahora los cubanos viven mucho mejor que nosotros.
Los bienes y las materias primas agrícolas desaparecieron. El control de precios ha sido como un huracán que se llevó todo por delante, igual que el control de cambio. Paralizaron desde el 2003 la mayoría de las actividades productivas. Ambas medidas empobrecieron el campo Venezolano y enriquecieron a unos pocos, con los famosos dólares de Recadi y los mecanismos sucesivos que desarmaron a los productores, a los comerciantes y desataron una inflación de las más altas del mundo.
No conformes, estatizaron las principales empresas proveedoras, cuyo ejemplo más claro es la llamada “ agropatria”, hoy quebrada y desmantelada, ejemplo de cómo acabar con la empresa privada, que significó una insignia en el desarrollo económico y social. Se suma a este desastre la expropiación de fincas, que convirtieron en cementerio el gran crecimiento agro-industrial que existía hace dos décadas.
Lo que ha venido es un rosario innombrable: Mercal, Pdval, las famosas misiones con más nombres que hechos, un ciclo de perversidad, que ha obligado al gobierno, desde hace años, a no publicar nunca más cifras para determinar el estado nutricional de la población. No les importa que la gente se muera de hambre y esconden este desastre bajo la alfombra roja de la impunidad.
No solo la legislación nacional prevé esta problemática. Son numerosos los instrumentos: El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el articulo 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De Tal forma que la alimentación que el gobierno Venezolano niega al pueblo es una obligación legal global y quienes la violenten serán perseguidos mundialmente.
La última equivocación en este aspecto son los llamados CLAP que en nada resuelven el problema, discriminan y constituyen una peligrosa herramienta contra la sociedad y fuente infinita de corrupción.
Desde hace años han sido advertidos de lo delicado de esta situación. El Observatorio Venezolano de la Salud, la fundación Bengoa, El centro de investigaciones Agroalimentarias, las Universidades, entre otros, han dejado constancia ante los organismos internacionales de estas terribles actuaciones que destruyen el futuro del país.