El presidente Nicolás Maduro anunció a principio de mes un nuevo ajuste de salario mínimo, con la siempre fallida meta de ‘dignificar al pueblo’. Nada más lejos de la realidad, pues, a solo una semana de que los venezolanos recibieran la nueva remuneración mensual, ese mismo salario diario no le alcanza para comprar un solo pan. El rubro se consigue hasta en 10 mil bolívares la unidad en las panaderías de Ciudad Guayana, mientras la hiperinflación sigue haciendo mella en el bolsillo y estómago de los venezolanos, publica Correo del Caroní.
Alimentos tan básicos como el pan se han encarecido en los últimos meses, al punto que el precio de una canilla equivale a un día de salario mínimo, considerando que el producto a base de harina de trigo se consigue entre 5 mil 500 y 10 mil bolívares en las panaderías de Ciudad Guayana.
“Por mínimo que sea lo que uno vaya a comprar, el precio es exorbitante. Cuatro canillas que se acaban en una cena son mínimo 22 mil bolívares y sin relleno de ningún tipo”, dijo Vicente Páez, un hombre que salía de la Panadería Santa María de Puerto Ordaz la tarde del martes.
Un día de salario mínimo es de 5.916 bolívares desde noviembre en Venezuela, poco más del monto mínimo en el que se consigue el cotizado pan. En aquellos establecimientos en los que la canilla ya alcanza los 10 mil bolívares, se requieren 1,6 días del ingreso mínimo de un asalariado venezolano.
“Trabajar un día entero para solo poder comprar una canilla y de broma es deprimente, sin incluir transporte, comida. ¿Qué familia puede vivir así?”, se preguntó Esther González, una secretaria residenciada en Unare. “Con estos precios ¿a cuánto llegará el pan de jamón?”, añadió.
El pan de jamón se comercializa en Ciudad Guayana entre 150 mil y 195 mil bolívares, en función del establecimiento en el que se adquiera. En apenas un mes, el manjar de la mesa navideña subió más de 50 mil bolívares, un alza que coincide con la entrada al fenómeno de hiperinflación a partir de octubre.
Cuestión de distorsiones
En el décimo mes del año, la Asamblea Nacional reportó una inflación anual acumulada de 825,7% y una proyección al cierre del año de 1.400%. El estimado equivale a una variación diaria de los precios de 3,8% y de 116% mensual en promedio.
Frente a esta realidad económica, el Gobierno nacional no solo impone un salario mínimo inconsulto con trabajadores y empresariado, y que además no se corresponde con la realidad inflacionaria del país, sino que distorsiona el concepto de la remuneración laboral al establecer un bono de alimentación que supera con creces el salario. Un bono que, valga recordar, no tiene incidencia en utilidades ni en prestaciones sociales.
La creciente inflación y la distorsión salarial ha llevado a los venezolanos a utilizar este bono como una suerte de redondeo de la remuneración mensual, y su concepto, ya confundido por desinformación, se percibe como un bono para la alimentación familiar y no como su objetivo inicial, que es garantizar la comida al trabajador durante su jornada laboral.
Esto hace que el salario sea, por excelencia, la figura llamada a satisfacer el resto de las necesidades del trabajador, incluyendo llevar el pan a la mesa de su familia. Ese pan que ahora no se puede comprar con un día de salario.
El pan (ya no) de cada día
El aumento de las materias primas, esencialmente la harina de trigo de origen importado, ha sido determinante en el alza del pan. “La harina regulada es exclusiva de unos pocos, en mi entorno nadie la recibe, todos compramos harina cara, muchas veces importada y los aumentos son semanales”, comentó un empresario del sector, que prefirió no identificarse por temor a represalias.
La escalada de precios ha mermado la producción y ha obligado a comercializar el producto en horas puntuales. En el último boletín de la canasta alimentaria correspondiente a octubre, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) reportó que por quinto mes consecutivo no pudo registrar los precios del pan por no encontrarse el producto en los establecimientos visitados.
Ese mismo repunte inflacionario amenaza la adquisición de los productos de la canasta alimentaria, ya no solo por los altos precios, sino porque el Gobierno, en un intento de paliar momentáneamente su propio caos, anuncia desde la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) los nuevos precios regulados de seis alimentos, supuestamente acordados con productores y cadena comercializadora. En una economía hiperinflacionaria, donde los controles de precios distan de la realidad y prevalece la escasez, la más reciente regulación representa apenas un tercio de los precios reales del mercado.
Esta situación, al representar un amplio margen de pérdida para los comerciantes, se traduce a la larga en una sola realidad: escasez. La misma que sigue matando de hambre a más venezolanos.