Las últimas intervenciones militares se registraron el fin de semana en El Manteco (municipio Piar) y cerca de Tumeremo (municipio Sifontes), con 10 y 11 civiles fallecidos respectivamente. 47 personas han muerto a causa de estos opacos operativos castrenses que apuntan a allanar el camino para la ejecución del Arco Minero del Orinoco, promovido por el régimen de Maduro, y borrar evidencias de conexiones gubernamentales con bandas criminales, publica Correo del Caroní.
El fin de semana fue sangriento en dos zonas mineras del estado Bolívar, continuando con la tendencia que ha marcado esta región desde el año pasado. El Ejército bolivariano realizó dos operaciones, una el sábado, en El Manteco; y otra el domingo, cerca de Tumeremo; dejando un saldo total de 21 abatidos.
El primer suceso ocurrió en la mina Las Babitas de El Manteco. Una comisión mixta del Ejército y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) asesinó a 10 ciudadanos que presuntamente se enfrentaron a los funcionarios.
Al día siguiente, la Región Estratégica de Investigación Penal (Redip) Guayana, base Tumeremo, confirmó otra incursión del Ejército, en el sector El Triunfo, cerca de Tumeremo. Esta vez la resistencia a las autoridades dejó 11 civiles muertos y dos militares heridos, según el reporte. Los funcionarios están estables.
En un conteo realizado por Correo del Caroní, en lo que va de 2017 han ocurrido 10 incursiones del cuerpo castrense en territorios mineros del sur del estado Bolívar. En todas, el reporte oficial reseña enfrentamiento o resistencia a las autoridades, y solo en la ocasión de ayer (domingo) reportaron dos funcionarios heridos, aunque siempre reseñan incautación de armas de guerra que son utilizadas por las bandas delincuenciales.
En las 10 incursiones, según los partes oficiales, se contabilizan 47 fallecidos en manos de los militares entre enero y septiembre, mayoritariamente en minas de El Callao, donde ocurrieron 7 operaciones. El resto sucedieron cerca de El Dorado, y las últimas dos reportadas al inicio de esta nota.
Previas al Arco Minero
Las operaciones militares al sur del estado Bolívar comenzaron el año pasado, luego de que Nicolás Maduro anunciara la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, plan con el que se pretende explotar el subsuelo de más de 11 mil kilómetros cuadrados al sur del país.
Las zonas ricas en oro, coltán, diamantes y más están ubicadas, en su mayoría, en el estado Bolívar, en donde el control delos yacimiento hace tiempo que recae en grupos parapoliciales.
El diputado Américo De Grazia, quien ha denunciado las irregularidades del conflicto minero al sur de Bolívar, desconoce el avance del Arco Minero del Orinoco a nivel del Ejecutivo y resalta que no se han materializado las concesiones a las empresas trasnacionales, “porque serían contratos leoninos sin validez constitucional”.
Sin embargo, podría establecerse una vinculación entre el aumento de las incursiones militares en el sur y la aplicación del plan minero del Estado.
“Sigue siendo el mismo guión de la masacre de Tumeremo (marzo 2016): Despejar áreas que puedan eventualmente darle garantía y control a grandes trasnacionales”, explicó el diputado como una de las tesis que se manejan alrededor de los sucesos.
La segunda tiene que ver con un posible cambio de mando en el gobierno del estado Bolívar, que lleva 14 años en las manos del oficialista Francisco Rangel Gómez, y quien ha solapado la criminalidad en las zonas mineras.
“Quienes van de salida quieren borrar evidencias de sus propios crímenes y de sus propios cómplices. Es decir, Al Capone eliminando a su propia gente”, dijo al establecer una comparación con uno de los mafiosos más famosos de la historia de Estados Unidos.
“Si hay un cambio de gobierno regional, hay que dejar eso limpio de modo que no dejamos ni contactos ni testigos ni conexiones. Las dos son hipótesis, sí, pero están fundamentadas en los informes del comisario general José Gregorio Lezama y el primer teniente José Leonardo Curbelo, donde explican con detalle lo que ocurre” al sur del estado Bolívar.
Siguiendo la primera hipótesis, las incursiones del Ejército harían el entorno de la actividad minera un negocio todavía más riesgoso, “para que la gente desista de estar ahí y pueda el alto gobierno conectar con trasnacionales”.
Auge criminal
De Grazia advierte una cosa: las incursiones militares no han disminuido el auge criminal en el sur del estado Bolívar, en donde la minería ilegal y el contrabando de oro ha cobrado fuerza en los últimos años, bajo el dominio de bandas armadas hasta con fusiles y granadas de guerra.
El número de fallecidos por enfrentamientos entre las propias bandas armadas es prácticamente igual al reportado en operaciones del Ejército, este mismo año.
Para la abogada y presidenta de la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), Mairis Balza, todo el panorama describe la ausencia de Estado en cuanto a garantías de seguridad ciudadana.
Con relación a las operaciones, recordó que “debería existir una investigación imparcial que determine responsabilidades y aplique sanciones”, en vez de resumirlas en lotes de abatidos que, según la revisión hemerográfica, fueron aumentando conforme pasaron los meses.
La primera incursión del Ejército en El Callao dejó un solo fallecido, el 18 de enero de 2017. La última, el pasado 14 de agosto, dejó ocho. La más reciente, en El Triunfo, dejó 11.
“Si tú después vas a buscar investigaciones sobre esos casos, no las encuentras porque no hay. ¿Realmente fue un enfrentamiento o fue un ajusticiamiento acomodado para hacer una limpieza de la zona por el tema del control territorial?”, concluyó.
Mientras las operaciones militares continúan, bajo el motivo de frenar la criminalidad al sur de Bolívar, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior permanecen silenciosos ante las matanzas que significan las incursiones del Ejército, y no hay investigaciones penales públicas que den cuenta del basamento de los enfrentamientos.
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