![Juan Carlos Gutiérrez, defensor de Leopoldo López y Lilian Tintori (Foto archivo Efe)](https://lapatilla.1eye.us/wp-content/uploads/2015/04/635653438858077422.jpg?resize=640%2C427)
Juan Carlos Gutiérrez, abogado de la activista de derechos humanos Lilian Tintori, se dirigió al Palacio de Justicia en la mañana de este martes 5 de septiembre para asistir a la Audiencia de Imputación.
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Gutiérrez explicó que el juzgado 48° de Control del Área Metropolitana no tiene actividad legal y el acto no pudo celebrarse.
Sobre la imputación contra Tintori, el abogado señaló que “la posesión de cantidades de dinero, en Venezuela, no constituyen ningún hecho delictivo (…) no hay un acto de carácter punible conforme al procedimiento que se ha adelantado”.
Tanto Tintori como Gutiérrez asistirán a todas las citas pautadas por el Juzgado porque “una vez que las investigaciones se han iniciado el caso debe ser cerrado con un mandato de sobreseimiento y existen las herramientas probatorias que serán analizadas y certificadas. La Ley en materia de manejo de efectivo no establece punibilidad”.
Además “el banco emitió un comunicado informando que el fondo proviene de una entidad financiera, lo que tiene un gran impacto jurídico penal, cuando los fondos provienen de una entidad bancaria no hay posibilidad que exista una conducta punible porque son fondos lícitos”, aclaro Gutiérrez
El abogado Juan Carlos Gutiérrez enfatizó que lo primordial en tener acceso al expediente, lo que no ha ocurrido porque el Tribunal se encuentra en labores administrativas.
En cuanto a la denuncia realizada por la esposa del preso político Leopoldo López sobre la retención del pasaporte, Gutiérrez comentó que aun no ha sido entregado y no están al tanto si hay una medida de prohibición de salida del país porque no han recibido ninguna notificación.
En este sentido, el abogado defensor de Tintori explicó que “la única boleta que han recibido fue para comparecer este martes (5 de septiembre) ante la Audiencia de Imputación”
Para finalizar, el abogado solicitó a “las autoridades del gobierno venezolano no interfieran y no ejerzan ningún tipo de injerencia en el desarrollo del proceso judicial que se respete la autonomía judicial, el trabajo de los fiscales de ministerio publico y que se haga un proceso limpio y respetuoso de los derechos fundamentales”.