La Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro, inició este sábado sus funciones con mano de hierro, al destituir a la fiscal general, Luisa Ortega, e imponer a su sustituto, reseña AFP.
El órgano, un “suprapoder” que se instaló en medio de un fuerte rechazo internacional y denuncias de “fraude”, decidió que legislará hasta por dos años para reescribir la Carta Magna de 1999 y al mismo tiempo tomar otras decisiones de efecto inmediato.
Cumpliendo el deseo de Maduro de darle un revolcón a la Fiscalía, luego de que Ortega se le rebelara, la Constituyente removió a la fiscal, que dijo no acatará la medida porque está “al margen de la Constitución y la ley”.
La Constituyente continuará sus actividades el domingo, activando una Comisión de la Verdad que, según Maduro, investigará los “crímenes de la derecha” en las protestas iniciadas hace cuatro meses, con saldo de 125 muertos.
Fue esa comisión, creada en 2016 por Maduro y que pasa ahora a formar parte del flamante organismo, la que recomendó la excarcelación del dirigente opositor Leopoldo López, quien retornó la noche del sábado a prisión domiciliaria cuatro días después de que fuera llevado de vuelta a una cárcel militar bajo acusación de planear su fuga.
“En aras de la paz la recomendación que dimos (al máximo tribunal en junio) fue que se diera una medida sustitutiva”, indicó la excanciller Delcy Rodríguez, presidenta de la Constituyente y de la comisión.
– Rechazo internacional –
El encarcelamiento de López y del alcalde de Caracas Antonio Ledezma –preso el mismo día pero llevado de vuelta a régimen domiciliario desde el viernes–, fue fuertemente condenado en el mundo, al igual que ocurrió con la destitución de Ortega, que ahora será sustituida por el radical Tarek William Saab.
Inicialmente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno, la suspendió de sus funciones para someterla a juicio por supuestas irregularidades en el cargo.
Pero instantes después la Constituyente la destituyó fulminantemente ante una propuesta del asambleísta y poderoso dirigente Diosdado Cabello.
Como todas las decisiones del día, fue aprobada por aclamación y sin debate entre los más de 500 asambleístas.
La Organización de Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo, Estados Unidos, Canadá y varios países latinoamericanos, así como la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, rechazaron la decisión.
“Es el secuestro total de todas las instituciones (…) por un solo partido”, dijo a periodistas Julio Borges, presidente del Parlamento de mayoría opositora.
Para el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, es el “primer acto dictatorial” de la “ilegítima” Constituyente, mientras el secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtió que la “dictadura será barrida por el pueblo”.
Washington, que ha anunciado sanciones económicas por la aprobación de la Constituyente y es acusado por Caracas de tener un plan golpista, descartó una intervención militar, según el asesor de Seguridad nacional Herbert Raymond “HR” McMaster.
Alegando una “ruptura del orden democrático”, el Mercosur suspendió este sábado a Venezuela, decisión que fue respaldada por la OEA y la Casa Blanca.
Al país “no lo van a sacar del Mercosur. Jamás. Somos Mercosur de alma, corazón y vida”, replicó Maduro.
Ortega recibió, en tanto, medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano que advirtió que la vida de la fiscal está en “riesgo inminente”. El gobierno desestima esas medidas de protección.
– Constituyente por dos años –
La otra medida tomada por la Constituyente, de extender su período de funciones hasta por dos años, estremeció igualmente el ya convulso escenario político.
De abarcar ese lapso, iría más allá del mandato de Maduro, que finaliza en enero de 2019.
“Estas decisiones ya se habían anunciado”, pero revelan la intención de mostrar “mano dura por parte de un poder que podríamos considerar de facto”, dijo a la AFP la analista Francine Jácome, que estimó la decisión deja en el limbo las elecciones de gobernadores, anunciadas para diciembre, y las presidenciales, que deberían realizarse a fines de 2018.
La MUD, que exige comicios generales para resolver la grave crisis política y económica, considera a la asamblea constituyente como un “fraude” para mantener a Maduro en el poder e instaurar una “dictadura comunista”, aunque el mandatario prometió que la nueva Constitución se sometería a referendo.
por Javier TOVAR / Alexander MARTINEZ/AFP