La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó hoy que dictó medidas cautelares de protección a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, porque enfrenta un “riesgo inminente de daño irreparable”.
EFE
En un comunicado, la CIDH, que realiza una visita “in loco” a Guatemala, señala que, tras analizar las alegaciones y teniendo en cuenta “la tensión institucional y social generada” en el marco de la “alteración al orden constitucional y democrático” en Venezuela, la comisión decidió incluir a la fiscal y a su núcleo familiar por la “gravedad y urgencia” que enfrentan su vida e integridad.
Entre los factores de riesgo tomados en cuenta por la CIDH están declaraciones y pronunciamientos de “altas autoridades” que habían vinculado a la fiscal con “actos terroristas” calificándola como “traidora” del Gobierno por su labor, indicó el organismo.
Con la reciente medida, la CIDH, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), requiere a Venezuela adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida de Ortega y su familia para que pueda realizar su trabajo.
El pasado miércoles, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, reveló una conversación con la fiscal venezolana, quien había denunciado las “permanentes amenazas” al Ministerio Público y las “amenazas personales” que ha recibido de “autoridades del régimen de Nicolás Maduro”.
Así relató Almagro en varios mensajes de su cuenta de Twitter la conversación que mantuvo con la fiscal, quien este martes ordenó una investigación penal por el delito de lesa humanidad que considera se ha cometido con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente promovida por Maduro.
Tras las elecciones del pasado domingo, Maduro prometió que la Constituyente, que asumió hoy el poder, se hará cargo de la Fiscalía, es decir, que intervendrá y reestructurará esta institución, que comenzó a ser crítica con los pasos dados por el Gobierno a finales de marzo pasado, cuando estalló una ola de manifestaciones que ha dejado un centenar de muertos.
En su conversación telefónica con Almagro, la fiscal general “reiteró la denuncia respecto de la sustitución del vicefiscal (que ella nombró) y la usurpación de funciones por parte de la funcionaria nombrada por el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia)”.
Luisa Ortega nombró a un vicefiscal, pero el Tribunal Supremo anuló el nombramiento por considerarlo irregular y designó en su lugar a una vicefiscal, a quien la Fiscalía no reconoce y no ha dejado entrar a su sede hasta ahora.