La Corte Penal Internacional (CPI) tiene desde este viernes en sus manos una lista de 57 altos cargos del régimen presidido por Nicolás Maduro a los que el Instituto Casla acusa de «torturas sistemáticas» en Venezuela. Según esta organización de estudios sobre América Latina con sede en Praga, estas prácticas violentas se han disparado desde el inicio de las protestas callejeras el pasado 1 de abril, registrándose en este tiempo unos 300 casos. Así lo reseña abc.es
Por MANUEL TRILLO
Las torturas más habituales van desde la intoxicación con el polvo de las bombas lacrimógenas a golpes con objetos contundentes, violaciones o la vejación de tener que comer excrementos y gusanos o vestirse con ropa empapada en heces.
Existe, según asegura a ABC la directora ejecutiva del Instituto Casla, la abogada caraqueña especializada en derechos humanos Tamara Sujú, una auténtica «política de Estado» con la que los actuales dirigentes buscan «mantenerse en el poder, usando los organismos de seguridad, la Fuerza Armada y el Tribunal Supremo, además de los voceros internacionales que le hacen el coro para mentir sobre lo que pasa en Venezuela».
Prácticas sistemáticas
Según Sujú, asilada en la República Checa tras abandonar Venezuela por persecución en 2014, la «sistematización» de las torturas se ha acentuado en los tres últimos meses y los denunciantes describen cómo los funcionarios que las ejecutan buscan infligir «el mayor daño corporal» y «dejar secuelas».
La letrada solicitó este viernes al CPI que incorpore el nuevo listado de responsables de torturas a la denuncia por este tipo de prácticas que presentó hace un año y a la que el 26 de septiembre añadió una primera relación de responsables. Se trata de «la cadena de mando» de los funcionarios implicados en las torturas.
Según el escrito del Instituto Casla, los 57 integrantes de esta lista actualizada «han sido parte de la represión de los últimos seis meses, cómplices directos por acción u omisión de las torturas perpetradas por los funcionarios u oficiales adscritos a sus dependencias, cómplices necesarios del régimen para mantener su estructura represiva, bien sea jurídica y política, cómplices necesarios del régimen para falsear o engañar a gobiernos extranjeros y organismos internacionales».
Únicamente por detrás de Nicolás Maduro, que encabeza la denuncia inicial presentada ante la CPI en La Haya, el Instituto Casla sitúa al frente de la cadena de mando al vicepresidente de la República, Tareck El Aissami.
Así mismo, incluye en la lista al resto de miembros del llamado «Comando Antigolpe» que el jefe del Estado bolivariano nombró el pasado enero. En este sentido, figuran el ministro de la Defensa y comandante estratégico operacional, general en jefe Vladimir Padrino López; el ministro de Interior, Justicia y Paz, mayor general Néstor Reverol; la excanciller Delcy Rodríguez; el expresidente de la Asamblea Diosdado Cabello; la «almiranta» Carmen Meléndez, exministra de la Defensa que fue nombrada vicepresidenta de Soberanía Política, Seguridad y Paz; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, la policía política), general en jefe Gustavo González López, y el comandante general de la Milicia Nacional, mayor general César Vega González.
La propaganda exterior
La directora de la organización denunciante pone también el foco en quienes ocultan al resto de países las torturas masivas a los detenidos, así como los asesinatos y los encarcelamientos de manifestantes. Además de la citada Delcy Rodríguez, que fue ministra de Relaciones Exteriores hasta hace un mes y a la que acusa de «recorrer el mundo para mentir y engañar a la opinión pública internacional», Sujú denuncia al actual canciller, Samuel Moncada, y a los embajadores ante Naciones Unidas en Nueva York Rafael Ramírez, y en Ginebra, Jorge Valero.
Así mismo, señala al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, y al presidente de la Sala Constitucional del máximo órgano judicial, Juan José Mendoza, así como a los magistrados Arcadio Delgado, Luis Damián Bustillos, Lourdes Suárez Anderson, Carmen Zuleta de Merchán y Fanny Márquez.
Otros cargos destacados del aparato represor del régimen que el Instituto Casla ha recogido en su escrito ante el CPI son el que fue director de la Policía Nacional Bolivariana hasta el pasado 9 de mayo, el mayor general Franklin García Duque, así como su sucesor en el cargo, el general Carlos Alfredo Pérez Ampueda, y el director de la Contrainteligencia Militar, el general Iván Rafael Hernández Gala.
También aparecen en la lista relevantes figuras de la Fuerza Armada como el nuevo jefe de Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), mayor general José Adelino Ornela Ferreira, y el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), mayor general Sergio Rivero Marcano, así como su antecesor, el general Antonio Benavides Torres. Igualmente se incluye al coronel Vladimir Lugo, de la Guardia Nacional, premiado recientemente con la Cruz de la Guardia de Honor Presidencial tras permitir un ataque a la sede del Parlamento por grupos violentos afines al chavismo.
El general Fabio Zavarse Pabón, comandante de la zona 43, correspondiente al Distrito Capital; el general de división Rafael Domínguez Forte, responsable de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Aragua; Jonny Paredes, jefe policial en el esado Barinas, y el general de brigada Juvenal Fernández, comandante de la GNB en Carabobo, son otros de los nombres destacados por Tamara Sujú. La lista se completa con otros responsables policiales en regiones y municipios donde se han cometido torturas.
El Instituto Casla pidió ayer a la fiscal del CPI añadir la lista de esta cadena de mando a la solicitud de apertura de una investigación que planteó hace un año, conforme al artículo 15 del Estatuto de Roma, que rige este tribunal de los crímenes más graves de trascendencia internacional.