Fiscales generales de 17 países de Iberoamérica iniciaron hoy una reunión en Buenos Aires para analizar la situación de la fiscal venezolana, Luis Ortega, que está sometida a un proceso de enjuiciamiento impulsado desde el chavismo que podría separarla de su cargo.
La convocatoria a esta Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) fue realizada por la Fiscalía boliviana, que ostenta la presidencia temporal de ese grupo.
“Se me prohibió la salida del país. Se me congelaron mis cuentas”, señaló a sus colegas la procuradora venezolana a través de una videoconferencia.
“Tenemos que avanzar con la convicción y certeza de que es la Constitución la que marca nuestro proceder”, añadió Ortega, convencida de que en su país “hay una distorsión” del sistema republicano establecido por la Constitución.
La procuradora también criticó que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano destituyó un fiscal “y nombró de manera inconstitucional otro funcionario” y desveló que, a pesar de que fueron citadas varias personas en la investigación por los supuestos sobornos pagados en el país por la constructora brasileña Odebrecht, “el Ministerio de Justicia” obstaculiza la causa.
Ortega es una de las voces institucionales más críticas contra el Gobierno de Nicolás Maduro y contra el Tribunal Supremo, que algunos sectores acusan de sumisión al presidente.
Esta posición le ha valido procesos legales en su contra con el argumento de que ha cometido “faltas graves” y el desarrollo de un antejuicio de mérito.
“No nos corresponde opinar sobre la situación de otro país, salvo sobre la afectación de la independencia del Ministerio Público”, estableció la fiscal general argentina, Alejandra Gils Carbó, quien mantiene una fuerte afrenta con el Gobierno de Mauricio Macri -que busca destituirla- y en alguna ocasión se ha comparado con Ortega.
Es así que Gils Carbó señaló que la ley venezolana prevé la remoción del jefe de los fiscales por la Asamblea Nacional “y no por un fallo del Tribunal Superior de Justicia”.
En las últimas semanas, Ortega se ha mostrado convencida de que existe un “terrorismo de Estado” en Venezuela y ha recriminado a las autoridades haber convertido la nación en un “estado policial” en el que ha habido una ruptura del “hilo constitucional”.
Estas denuncias se realizan cuando en el país se desarrolla una ola de protestas antigubernamentales que ha dejado más de 90 muertos y cientos de heridos y detenidos.
Los principales objetivos de la AIAMP son estrechar los vínculos de cooperación, solidaridad y enriquecimiento profesional recíprocos entre los miembros. EFE