Las cinco estudiantes detenidas por Policía de Aragua el 2 julio, junto con otros 21 alumnos de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay, denunciaron ante los tribunales haber sido víctimas de actos lascivos por funcionarios durante la aprehensión, publica El Nacional.
Por RAFAEL LEÓN
“Las manosearon dentro de sus camisas, les abrieron los sostenes. No les quitaron la ropa, pero sí trataron de introducir objetos en sus zonas intimas”, afirmó Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, en la presentación del informe de manifestaciones de junio. Las jóvenes se encuentran bajo arresto domiciliario.
Indicó que hasta el 8 de julio han ocurrido 3.666 arrestos de manifestantes, 1.147 de los cuales están presos. De esa cifra, 80% son estudiantes. Al resto se les ha otorgado libertad plena, condicional o permanecen bajo arresto domiciliario. 417 manifestantes han sido presentados ante tribunales militares.
Otro de los detenidos ese día es Abraham Quiroz, de 18 años de edad. Debido a la golpiza que sufrió tiene dificultades para respirar y vomita sangre, por lo que necesita ser trasladado con urgencia a un centro médico. Fue recluido en la cárcel El Dorado junto con 10 compañeros.
El sábado pasado los 11 jóvenes recibieron atención médica debido a que los familiares denunciaron que cuando eran trasladados de la comandancia de Poliaragua, donde fueron juzgados por un tribunal militar exprés, a la cárcel en Bolívar, constataron que estaban golpeados y heridos. Esto contradice el informe forense presentado en la audiencia, en el que se aseguró que se encontraban en buen estado de salud.
El diputado a la Asamblea Nacional por Bolívar Américo De Grazia, que se comunicó con los médicos, informó que todos presentaron golpes y heridas, pero Quiroz es quien tiene peor cuadro clínico. Requiere con urgencia tomografía, rayos x del tórax y eco. Hasta ayer en la tarde no habían permitido el traslado.
“El teniente Salazar, comandante de la GNB dentro de la cárcel, admitió que el muchacho está mal de salud, pero dijo que no está autorizado para el traslado”, manifestó De Grazia.
Detenciones selectivas. Alfredo Romero dijo que los cuerpos de seguridad aplican detenciones selectivas contra losopositores. Sin orden judicial irrumpen en los domicilios y detienen a las personas. Como es el caso de uno de los testigos de la muerte de Fabián Urbina y del escudero que trató de salvar del disparo a David Vallenilla en La Carlota. “A los testigos de los asesinatos, en vez de llamarlos para identificar la verdad, los persiguen”, expresó.
En el caso de Juan Pernalete, los testigos se encuentran escondidos debido a que recibieron amenazas de detención.
En Maturín Orlando Moreno, dirigente de Vente Venezuela permaneció 24 horas guindado en la intemperie en la zona de presos comunes de la cárcel de La Pica. “Estuvo allí soportado por las puntillas de los pies, lo golpeaban exigiéndole que grabara un video en contra de Maria Corina Machado”, manifestó el abogado.
Impunidad. De las 92 muertes en los tres meses de protestas, 24 se registraron en junio. De esa cifra, 19 fueron asesinadas durante las manifestaciones. Con esto se eleva a 69 la cantidad de manifestantes asesinados, según el informe.
Aunque el Ministerio Publico ha comisionado a fiscales para investigar cada uno de los casos, no ha habido persona sentenciada por muertes. “Ha sido regular que los agentes del Estado no han tenido ningún tipo de colaboración a los efectos de entregar a los responsables de los asesinatos”, señaló Romero. Indicó que en los casos de Tony Canelón fueron imputados por la Fiscalía 14 guardias nacionales, pero el cuerpo castrense se niega a entregarlos.
Huelga de hambre. Hasta hoy familiares de los 14 policías de Chacao dieron plazo para que el Sebin cumpla con la boleta de excarcelación emitida por el Tribunal 7º de Control en agosto del año pasado, porque de lo contrario otras personas se sumarán a la huelga de hambre que inició Pierina Medina hace siete días frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas para exigir la libertad de los funcionarios, que desde hace 18 días se encuentran en huelga de hambre.
“Al día de hoy se encuentran, al menos, 19 personas con boletas de excarcelación que en El Helicoide se mantienen como rehenes”, señaló Romero. Dijo que las liberaciones y detenciones dependen de órdenes del Ejecutivo y de las autoridades policiales que dependen de allí, y que eso se evidencia en el caso de Leopoldo López.
“Aquí no hay tribunal que valga, simplemente son decisiones y los tribunales sirven como fachada para respaldar decisiones políticas del Ejecutivo, y por eso es que existen 431 presos políticos”, manifestó.