La excarcelación del líder opositor Leopoldo López dio un giro inesperado al conflicto político que sacude a Venezuela desde hace 100 días, con una una ola de protestas contra el presidente Nicolás Maduro, que deja 91 muertos.
AFP
Aquí, cinco puntos clave de la profunda crisis política, económica e institucional venezolana:
Pugna de poderes
El choque de poderes es constante desde enero de 2016, cuando la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tomó control del Legislativo tras 17 años de hegemonía chavista.
El TSJ, acusado de servir al gobierno, declaró en desacato al Parlamento y considera “nulas” sus decisiones. A fines de marzo, adoptó temporalmente las competencias del Parlamento, lo que la oposición denunció como “un golpe de Estado”.
La sentencia “pulverizó la división de poderes”, dijo a la AFP el analista Luis Vicente León.
A la crisis institucional se sumó la Fiscalía. La fiscal general, Luisa Ortega, denunció que el TSJ rompió el orden constitucional y se convirtió en la más dura crítica de Maduro, tras años de línea chavista.
El oficialismo impulsa un juicio contra Ortega que la pone al borde de su destitución. Si ello ocurre, asumirá como fiscal una abogada chavista. Por su parte, el Parlamento se apresta a nombrar nuevos magistrados, aunque ello sea desconocido por el TSJ y el gobierno.
Debacle económica
La caída de los precios del petróleo desde 2014 castigó a la economía venezolana, que recibe 96% de sus divisas de la exportación de hidrocarburos.
El país debió reducir drásticamente las importaciones, generándose una severa escasez de alimentos y medicinas. La industria está postrada por falta de insumos. Según estimaciones privadas, la economía retrocedió 11,3% en 2016.
El agudo desabastecimiento se combina con la inflación más alta del mundo, que el FMI proyecta en 720% para 2017.
Maduro atribuye el colapso a una “guerra económica” de empresarios de derecha que, según él, buscan desestabilizarlo para dar un golpe de Estado con la oposición política, apoyada por Estados Unidos.
Elecciones
La oposición se volcó en 2016 a impulsar un referendo revocatorio contra Maduro, pero el proceso fue suspendido por el poder electoral alegando irregularidades.
Descartado el revocatorio, la oposición ha pedido elecciones generales, lo que Maduro descarta. Los comicios de gobernadores están pautados para diciembre de 2017 y las presidenciales para fines de 2018.
En medio del llamado a elecciones, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, cuya elección se realizará el próximo 30 de julio, según él para traer la paz y recuperación económica al país.
La oposición considera esa Constituyente un “fraude” por el cual el chavismo pretende perpetuarse en el poder, y llamó el 16 de julio a un plebiscito simbólico confiada en mostrar un rechazo mayoritario a esa iniciativa.
Derechos humanos
En estos 100 días de protestas se multiplicaron las denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de la fuerza pública, a la que la oposición, la Fiscalía y ONGs acusan de una “fuerte represión”.
La Fiscalía ha imputado a varios policías y militares por la muerte de algunos manifestantes, allanamientos ilegales, robos y otros atropellos. Rechazan además que decenas hayan sido sometidos a la justicia militar.
Según la ONG Foro Penal, con los arrestos durante las manifestaciones, los “presos políticos” sumaron unos 430.
El sábado, López, el más emblemático de los opositores presos, recibió el beneficio de casa por cárcel, luego de tres años y cinco meses preso, condenado a casi 14 años por instigar a la violencia en las protestas contra Maduro de 2014, que dejaron 43 fallecidos.
Diálogo
Tras fracasar el proceso de referendo, gobierno y oposición iniciaron un diálogo político en octubre de 2016 con acompañamiento del Vaticano. Pero un mes después fracasó.
Para el analista Benigno Alarcón ese diálogo tuvo un “alto costo” para la oposición pues desmovilizó en ese entonces las manifestaciones, que luego volvieron a reactivarse y masivamente tras los fallos del TSJ.
Con la excarcelación de López, los analistas ven una posibilidad para una nueva negociación en la que, según León, no se deberían imponer los radicales de ambos bandos pues habrá que hacer “concesiones” si quieren hallar una salida a la crisis.