![Jesús Ollarves Irazábal](https://lapatilla.1eye.us/wp-content/uploads/2015/02/thumbnailjesusollarvesirazabal.jpg?resize=190%2C130)
En un Estado de Derecho democrático, que no es el caso de Venezuela, el adecuado uso de la fuerza se encuentra estrechamente relacionada con tres componentes: primero, la oportunidad en que esta debe utilizarse; segundo, el tipo y cantidad de fuerza que corresponde emplear, y tercero, la responsabilidad que debe existir por su uso. La concurrencia de estos elementos permite sostener que el adecuado uso de la fuerza se vincula y requiere de un marco de sostenibilidad institucional, representado por la existencia de una policía moderna y profesionalizada, caracterizada por un inobjetable nivel de preparación profesional y por criterios de legitimidad, transparencia, control y eficiencia de su actuación, cuya realización contribuirá de mejor forma a garantizar que el ejercicio de la fuerza se mantendrá dentro de la esfera del Derecho y de la justicia.
La represión, tal como ha sido ejecutada por las fuerzas policiales y militares en Venezuela, constituye un crimen. Describir un balance de los muertos y heridos resulta inútil, porque el número de muertos y heridos se incrementa a diario.
El 20 de junio de 2017, una vez más, fuimos testigos de un asesinato a manos del Estado. Fabián Urbina, de 17 años de edad, recibió impactos de bala en momentos en que se encontraban en las inmediaciones del Distribuidor de Altamira. Su asesino, un funcionario de la Guardia Nacional, disparó su arma 9 milímetros contra la humanidad de un muchacho desarmado que solo contaba con el derecho ciudadano de expresar su oposición a un gobierno dictatorial.
Hoy más que nunca es necesario recordar la terrible resolución 008610, suscrita por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el 27 de enero de 2015 y convalidada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 26 de julio de 2016. Dicha resolución autoriza a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a utilizar la fuerza letal en el control de manifestaciones públicas.
Ministro Padrino, usted ha logrado perpetuar su nombre en la historia de Venezuela como un esbirro. Sí, usted ha hecho historia y será inolvidable. Cómo olvidar aquellas palabras por usted pronunciadas el 12 de febrero de 2015 cuando explicó que la resolución 008610 no estipulaba, como aseguraban sus detractores, “que el Ejército va a salir a dispersar o a reprimir una manifestación pública”. “Aquí no está planteado el uso de armas, aquí lo que está planteado es el uso proporcionado, diferenciado, progresivo de la fuerza”, dijo usted, y calificó la nefasta resolución de “amplia, sensata y que da preeminencia al respeto a los derechos humanos”.
Ministro Padrino, ahora entendemos y padecemos el artículo 22, numeral 7 de su resolución 008610 que establece que ante una situación de “riesgo mortal”, el funcionario “aplicará el método del uso de la fuerza potencialmente mortal”.
Cuando educamos en derechos humanos, usted no se imagina cómo les recalcamos a jóvenes como Fabián Urbina que sus sueños y esperanzas por tener un país libre implica un riesgo mortal para sus cancerberos.
Ministro, a pesar de que la amenaza de muerte de sus soldados es real y permanente, debe tener claro que en el devenir de la historia las protestas sociales han sido herramientas importantes para propiciar cambios.
Usted y sus soldados no deben olvidar que hoy, más que nunca, la comunidad internacional tiene sus ojos sobre Venezuela, y los organismos internacionales de derechos humanos son muy celosos, sobre todo cuando existe la tendencia de sus agentes a violarles los derechos humanos a las personas.
Ministro Padrino, usted logró pasar a la historia como un esbirro. En lo que esta tragedia pase nunca será olvidado, cundo nuestros nietos estén estudiando historia de Venezuela usted será recordado, y seguramente también será comparado con otros funcionarios militares. Dudo mucho que lo comparen, por ejemplo, con Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá, conocido como el Gran Mariscal de Ayacucho, sino, más justamente, con los alemanes Adolf Eichmann, Josef Mengele, Aribert Heim y Eduard Roschmann, entre otros criminales tristemente célebres que actuaban desde el poder con la misma arrogancia, crueldad y violencia en contra del ciudadano. De nada les sirvió emigrar a Argentina, a fin de evitar su enjuiciamiento. Al final la justicia los alcanzó y lograron su cometido: ocupan un lugar deshonroso en la historia, son recordados como los más connotados criminales de la humanidad