El voto como derecho humano conculcado, democracia y universidad en Venezuela
El voto, elegir periódicamente a quienes gobiernan, es un derecho humano en sí mismo ya que: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente” (Artículo 21 de la Declaración Universal de los derechos Humanos) y está también vinculado al derecho a la opinión: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión” (Artículo 19). “Tu voto es tu opinión” rezaba antiguamente un eslogan del Consejo Supremo Electoral.
Nota de prensa
Como derecho humano, el voto, y por ende la elección, son constitucionales si nos atenemos al artículo 23 de nuestra Constitución vigente, donde se señala el rango constitucional de los acuerdos internacionales firmados por el país, en cuanto a los DDHH, y porque además aparece de manera explícita, como derecho, en nuestra carta fundamental. Allí se establece exactamente la periodicidad con la que deben efectuarse los actos comiciales para: presidente, gobernadores e incluso el, suprimido injustamente por este gobierno y sus agentes jurídicos, referendo revocatorio de los mandatos.
Pues bien, este derecho humano que es el voto ha sido violentamente conculcado en Venezuela y forma parte de las supresiones que el gobierno necesita urgentemente hacer a un texto que le resulta tan estorboso, como es la Constitución, tanto que parecemos un país sitiado por nuestras propias fuerzas militares con supresión de todas las garantías constitucionales, comenzando por el derecho a la vida.
Nos conculcan el derecho humano del voto, de nuestra opinión, justo luego de la atronadora derrota que por la vía electoral le propinamos los demócratas al partido gubernamental en 2015, al elegir de manera abrumadoramente contraria al gobierno la actual Asamblea Nacional. Y es justo en el desconocimiento de esa Asamblea donde comienza el de nuestra opinión a través del voto. El hecho de que los diputados oficialistas no acudan hoy en día a las sesiones de la Asamblea Nacional carece de relevancia, son minoría y esto los avergüenza, porque no son demócratas. No saben cómo actuar en desventaja con esa condición minoritaria, sin arrollar principios ciudadanos constitucionales; llegan a esquilmar los sueldos del personal y de los diputados y hasta a cortarles la luz del edificio, así como otras tonteras viles. Lo que destaca, sí, es que se desconozca la integración a esa Asamblea de los diputados el Estado Amazonas, cuyos ciudadanos han seguido todo este tiempo sin representación en el hemiciclo. También destaca que continúen algunos diputados electos tras las rejas, en las mazmorras de la dictadura.
Para continuar en esta conculcación del voto como derecho humano, se inventaron esta convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, sin voto universal. Otra violación flagrante de nuestro derecho humano contenido en ese artículo 21 de la Declaración Universal: “… esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrase periódicamente, por sufragio universal e igual”. No se establecen allí, en el derecho humano universal, parcialidades ni votos sectoriales ni ninguna otra limitante que desiguale la opinión.
Este llamado a Asamblea Constituyente no sólo es un modo de reformar el Estado y la Constitución para ajustarla a sus designios, por parte del presidente y su gobierno; es, principalmente, un modo de desconocer nuestra opinión a través del voto que emitimos, al tratar de borrar para siempre la inconveniente, para ellos, Asamblea Nacional electa. Esta Asamblea Nacional es parte sustancial de lo que ahora defendemos, como democracia (en cuanto a separación de poderes en funcionamiento) y Constitución (respecto al ordenamiento jurídico del Estado). Defendemos nuestro derecho humano de opinar y elegir, defendemos los votos de 2015 y a los diputados que entonces resultaron electos por voto universal y decisión venezolana mayoritaria.
Pero no es la votación que eligió la Asamblea Nacional el único derecho a nuestra opinión y a la elección periódica que nos han conculcado desde el gobierno, que por todas las vías que le han sido posibles a la dictadura, también ha limitado el derecho a la representación que allí se expresó, en esa elección, y así limita nuestra voz y nuestra participación, al arrogarse competencias que a la Asamblea Nacional les son propias, especialmente por la vía “jurídica” impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia, nuestro máximo órgano limitante del ciudadano y la ciudadanía. Del mismo modo nos conculcaron dos eventos electorales establecidos con absoluta precisión en la Constitución vigente: el referendo revocatorio y las elecciones regionales.
Nos han impuesto, por la vía dictatorial, el desconocimiento casi absoluto de la Constitución que ahora les estorba y el desconocimiento general de los DDHH contenidos en la Declaración Universal.
Se plantean ahora la posibilidad de reformar el Estado, la Constitución, sin ese voto universal. O sea: la Constitución realizada, propuesta y formalizada por votación libre y universal será escamoteada por un voto parcial a conveniencia política minoritaria por parte del gobierno, contrariando incluso a su gestor mayor, lo que explicaría con creces, jurídicamente, el piso actual en el que se asienta la Fiscal General de la República, con propiedad, al querer oxigenar al chavismo antimadurista: “Hoy, el pueblo soberano es quien decide cualquier reforma en su Constitución. ¡Nadie podrá! Nadie, por más poder que tenga o crea tener, económico, político, moral, militar, nadie en este mundo podrá cambiar ni una sola coma, ni un solo punto y coma de ésta nuestra Constitución Bolivariana sin que pase por el mecanismo que hoy estamos activando en esta Asamblea Nacional de cara al pueblo y rumbo al pueblo” (Chávez, H. 2007: Ahora la batalla es por el sí. pp 6-7).
Los universitarios tenemos la obligación moral, jurídica y política de ser orientadores de la sociedad a la que nos debemos. La universidad, la autonomía universitaria, ya lo hemos visto, no se salvará de continuar así esta debacle: allanamientos, disparos en nuestros recintos, persecución, prisión y muerte a los universitarios hemos visto, vemos a diario, durante este gobierno, este vil y oprobioso episodio de nuestra historia. Esto se profundizará, sin dudas. Pero estamos obligados a velar también por las leyes y su cumplimiento, por los Derechos Humanos, como ciudadanos y como universitarios. El derecho humano de opinión y de elección a través del voto, constitucional y democrático es parte sustancial de la defensa que debemos asumir por esos derechos conculcados ahora, comenzando por el derecho a la vida, al libre pensamiento, a la opinión, a la expresión, al tránsito. Los universitarios no podemos callar ante este atentado permanente a la libertad y a los DDHH que se vive actualmente en Venezuela. Estamos obligados a la defensa de la democracia y la Constitución, a la indeclinable defensa de los DDHH. Ser neutrales o callar ahora es colocarse del lado del opresor, como diría Bertold Brecht, cuando el nazismo, entre otros pensadores.