Fue en 2013, cuando ANCAP, la petrolera estatal uruguaya, canceló un pasivo de US$ 828 millones con su par venezolana mediante una oscura operación que incluyó la compra no documentada de bonos y contó con la intermediación del servicio de inteligencia chavista.
Por Camilo Cagnacci en Adelanto 24 (Uruguay)
La cancelación anticipada de una multimillonaria deuda que ANCAP, la petrolera uruguaya, contrajo con su par venezolana, PDVSA, entre agosto de 2005 y marzo de 2012, por la compra de 48 cargamentos de petróleo crudo, coloca al vicepresidente uruguayo Raúl Sendic en el ojo de la tormenta.
Es que fue él quien, en su calidad de presidente de la compañía, negoció y concretó el pago, en el marco de una compleja y oscura ingeniería financiera que incluyó la conformación de un fideicomiso para la compra no documentada de bonos de PDVSA con vencimiento en 2022, con la intermediación del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES).
Capítulo aparte merece la intervención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en las tratativas con Sendic, tal como puede acreditarse en dos correos electrónicos a los que Adelanto 24 accedió en exclusiva e involucran -en forma directa- a su entonces jefe: el mayor general (R) Miguel Eduardo Rodríguez Torres.
La deuda
En 2005, Ancap acordó con PDVSA que pagaría el 75% del crudo que comprara a 90 días y el restante 25% lo abonaría 15 años después, con una tasa de interés anual de 2%. Así fue que, entre agosto de 2005 y marzo de 2012, la firma uruguaya compró 48 cargamentos de crudo, generando una deuda de US$ 720 millones.
Al tanto de ello, Alejandro Steineck, ex diputado por el Frente Amplio y representante en Uruguay de la empresa paraguaya Exor Internacional, le presentó a Sendic el negocio de la cancelación anticipada mediante la compra de bonos de PDVSA con vencimiento a 2022, con la intermediación de Exor y el banco Societe Generale.
La propuesta sedujo a Sendic, que para avanzar con ella puso como condición que Exor consiguiera el visto bueno de PDVSA, lo cual ocurrió.
Fue entonces que, el 23 de marzo de 2012, Ancap, representanda por el hoy segundo de Tabaré Vázquez, y PDVSA firmaron el acuerdo para la cancelación anticipada de la deuda. Las partes convinieron formar para ello el fideicomiso DC Trust, constituido por Exor y el Societe Generale como banco fiduciario.
Venezuela se quedó con todo
Casi seis meses después, el 3 de agosto de 2012, PDVSA le informó a ANCAP que dejaría sin efecto el contrato con Exor y que la firma sería sustituida en su rol de administradora del fideicomiso por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), mediante su filial uruguaya.
Sospechosamente, la arbitraria determinación fue aceptada por Sendic en tiempo récord: apenas 24 horas después, el uruguayo protagonizó la firma del nuevo convenio con el ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y titular de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño.
Por su parte, Exor amenazó con demandar a Ancap y PDVSA por honorarios no pagados generados por el trabajo destinado a la confección del fideicomiso.
La intervención del SEBIN y las comisiones
Sin embargo, no fue el temor a un posible conflicto con la intermediaria paraguaya la que amenazó con derrumbar el trato, sino la “comisión exorbitante” que cobraría BANDES.
Así se lo planteó Sendic a Miguel Eduardo Rodríguez Torres, quien pese a ser venezolano, en los papeles, poco tenía que ver con bancos, petroleras y fideicomisos. Concretamente, Rodríguez Torres, era un militar retirado que el entonces presidente Hugo Chávez Frías puso al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
El dato surge de un correo electrónico que el propio Rodríguez Torres le escribió a Edmée Betancourt, entonces presidenta del BANDES, para ponerla en conocimiento de la situación.
“Me reuní con Raúl Sendic hoy, en resumen me dijo que le habían informado que la operación no se podía hacer con BANDES porque estaba cobrando una comision exorbitante y en consecuencia lo están presionando para que pidiera volver entonces con Exor y Societe”, advierte el jefe de la inteligencia venezolana en el correo al que Adelanto 24 accedió en exclusiva.
Y detalla: “Le expliqué que los BANDES habían puesto condiciones para hacer la operación las cuales no fueron cumplidas por PDVSA, pero que no era la comisión. Ademas que el ministro [del Poder Popular para la Planificación, Jorge] Giordani tenía el punto de cuenta con los detalles de la operacion, y que los BANDES dejaban la libertad para que la operación se hiciera entonces con otros bancos”.
“A mi explicación, Raúl [Sendic] me pidió que quería que a tí como presidenta del BANDES y a mí por la resposabilidad que tengo en Uruguay, que nos quedara claro que él no había seleccionado a los paraguayos, que sabía que tenían dudosa reputación y que le informaría al Pepe [Mujica] sobre la situacion para que se comunicara con [Hugo] Chávez, porque prefería no hacer la operación si los BANDES no estaban, ya que él y el ministro [de Economía y Finanzas] Fernando Lorenzo le habían dicho al parlamento uruguayo que la operación era con BANDES y políticamente no podía ir ahora a decir que se hacía con Exor u otro, porque eso le traeria consecuencia y el no iba a hipotecar su futuro político en una operación que tiene que mandar el dinero a Bahamas con intermediarios paraguayos y que al “final no sabia a quien le iba a quedar una puta comision”, pero que a el no era”, completó.
Datos inquietantes
El mail expone dos datos inquietantes. El primero, la inteligencia venezolana participó activamente de las negociaciones que habilitaron la cancelación anticipada de la deuda. El segundo: Sendic estaba interesado en que se respetaran las condiciones impuestas por el chavismo para garantizarse una “comisión”, que de otra manera “no sabía” a quien le quedaría.
Pero eso no es todo. En otro correo, esta vez del entonces ministro de Estado para la Banca Pública, Rodolfo Clemente Marco Torres al jefe del SEBIN, quien reenvía las condiciones del negocio fijadas por la gerente de Negocios Fiduciarios del Banco del Tesoro venezolano, Milbet Viloria, puede confirmarse una polémica cláusula del acuerdo, que establecía que la compra de los bonos con vencimiento en 2022 no podía quedar documentada, porque “se entendería como una inversión dirigida”.
Esto representa un verdadero escándalo, ya que para activar la oscura ingenería financiera ANCAP debió recurrir a un préstamo de US$ 517 millones por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, dinero público terminó siendo utilizado para financiar la compra no documentada de bonos venezolanos y cumplir con el pago de comisiones que presuntamente se habrían repartido entre las autoridades uruguayas y venezolanas.
El circuito del dinero
Pese al apuro de las partes por concretar la operación, la misma recién se hizo efectiva en enero de 2013. La demora, explicaron, se debió a la “complejidad de los trámites”.
Eso no privó a ANCAP de calificar de “exitosa” la experiencia de intercambio comercial con PDVSA, ni al gobierno uruguayo de destacar que por el pago anticipado se estaban ahorrando US$ 311 millones en concepto de “intereses y gastos de financiación”. Lo barato sale caro, reza un viejo refrán.
El circuito recorrido por el dinero, finalmente, fue el siguiente: ANCAP le entregó a BANDES Uruguay US$ 517 millones para la compra de títulos emitidos por PDVSA, cuyo valor nominal era de US$ 828 millones pero que al momento de cerrar la transacción cotizaban por debajo de ese precio y, tras ello, ANCAP -mediante BANDES- le transfirió los bonos a PDVSA que, a cambio, le extendió un pagaré equivalente a los US$ 828 millones de la deuda.