El Colegio de Abogados del estado Bolívar, se sumó a la iniciativa nacional de varios gremios de juristas, y exhortó al Ministerio Público a cumplir con sus obligaciones y enjuiciar como corresponde a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, partiendo del hecho que bajo dictámenes emanados de este poder se quebrantó la Constitución Nacional.
Nota de prensa
Los abogados Félix Istúriz, José Gregorio Meignen y Gustavo Caro Porras, directivos del gremio en esta entidad, consignaron la solicitud ante la Fiscalía Superior del estado Bolívar, expresando claramente que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, está en la obligación de accionar de forma penal contra quienes transgredieron abiertamente las leyes.
“En el país se perdió la división de los poderes, cuando uno de ellos se arrogó las competencias de otro, y ante ese desfase constitucional, se plantea una beligerancia desde el plano jurídico como político”, señaló el presidente del gremio de abogados, Félix Istúriz.
Dijo que los siete magistrados del TSJ basados en las sentencias 155 y 156 provocaron la ruptura del hilo constitucional, y así lo confirmó la Fiscal General de la República en un pronunciamiento público donde dejó claro la existencia de un delito ante la usurpación de funciones en menoscabo de la Asamblea Nacional.
Este exhorto a la autoridad del Ministerio Público responde a decisiones acordadas en el seno de la Federación de Abogados de Venezuela, la Academia de Ciencias Penales y los Colegios de Abogados de todo el país durante el 50 aniversario del Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) celebrado el pasado 31 de marzo, ante la gravedad de la situación que coloca al margen constitucional al TSJ, y a sus miembros, así como la fractura que sufrió la democracia venezolana, explicó Istúriz.
Acotó que esto los obliga a señalar los graves problemas que tienen los diferentes circuitos judiciales en el país, y la desconfianza que podría desprenderse hacia el poder judicial en estos momentos, que deben ser solventados.
El presidente del gremio de juristas en el estado Bolívar considera que, aunque el Presidente de la República asegure que ya el “impasse” está subsanado, existe un “golpe judicial en desarrollo”, cuyos responsables deben ser juzgados y enjuiciados por el “despedazamiento” ocasionado a la democracia.
La fiscal debe iniciar las acciones penales y administrativas como la máxima autoridad penal de Venezuela, que a su vez conllevan a la remoción de estos magistrados de sus cargos, reiteró.