En los calabozos de la PNB, en La Yaguara, hay dos mujeres embarazadas. Una de ellas está detenida por el delito de infanticidio porque al momento de entregarle su sobrino a su esposo, ambos lo dejaron caer y el niño murió. A los dos meses de gestación fue trasladada a las áreas de guarda y custodia de ese organismo policial, y ya lleva seis meses con su bebé en el vientre y sin conocer el sexo de la criatura; no ha acudido a la primera consulta con el obstetra, reseña El Nacional.
También desconoce cómo ha sido la evolución del embarazo y si el feto tiene algún problema. No ha recibido tratamiento de calcio ni ácido fólico, porque sus familiares no la han visitado. Solo acudieron una vez cuando fue trasladada, le llevaron unas sábanas, algo de comida y ropa, reseñó El Nacional.
La directiva del organismo policial no ha hecho jornadas asistenciales y no cuenta con recursos para costear una consulta para ella. Tampoco para su compañera que atraviesa una situación similar y fueron olvidadas por sus familiares cuando entraron a esas celdas, que carecen de ventilación y de espacios para dormir. Ambas reposan sobre colchonetas tendidas en un rincón de la jaula.
Las presidiarias embarazadas, recluidas en los calabozos de los comandos policiales, están en situación de abandono. No se alimentan de forma adecuada y hasta son víctimas de infecciones urinarias por hacer sus necesidades en letrinas que no reúnen las condiciones de higiene básicas, lo cual pone en riesgo su salud y la del bebé.
Otras dan a luz en las comisarías. Es el caso de Kimberly del Valle Toro, quien le dio la bienvenida a su hijo en la sede de la Policía Municipal de Guacara. “A los funcionarios no les dio tiempo de trasladarla al hospital. Se le presentaron los dolores de parto y tuvieron que intervenir”, explicó Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, en la presentación del informe sobre la situación que viven las mujeres en los centros de detención preventiva.
En la sede de Polimonagas hay tres mujeres que están en período de gestación. Una de ellas es Carmina Gutiérrez (nombre ficticio para proteger su identidad). Ingresó a ese cuerpo de seguridad por robo agravado, mientras espera un cupo en el Instituto Nacional de Orientación Femenina. El padre del bebé la abandonó, la engañó con otra mujer y quedó sola. Nadie la visita, sus familiares la tildan de delincuente. A veces le dan dolores en el vientre y no la llevan a un centro asistencial: no hay patrullas disponibles para movilizarla. Desconoce cómo va su gestación. La vez más reciente que se hizo un eco fue hace cinco meses, cuando se enteró de su embarazo a través de un examen de sangre que se practicó cuando estaba en libertad.
Con Carmina convive Carla González, que no está embarazada, pero suele sufrir crisis de asma y tampoco recibe atención médica para tratar la afección. Sus parientes les pagan una vacuna de 20.000 bolívares a los funcionarios que la cuidan, para evitar que otras aprehendidas la agredan y garantizar la recepción de la comida que sus parientes le envían.
Involucradas con agentes. En las sedes policiales de otras regiones del país se han dado casos de mujeres que han salido embarazadas luego de tener relaciones con funcionarios policiales en los calabozos. Luisa Torrealba, investigadora de la ONG, señaló que en 2016 dos mujeres recluidas por tráfico de drogas tuvieron romances con dos agentes de ese cuerpo de seguridad. Antes de dar a luz ambas fueron beneficiadas con una medida sustitutiva de libertad (casa por cárcel) y reciben apoyo económico de los agentes señalados de ser los padres de los niños.
Denuncian violaciones. Sonia Sgambatti, presidente de la Federación Venezolana de Abogados y activista de los derechos de la mujer, planteó el caso de una violación masiva registrada en el anexo femenino de la Penitenciaría de Coro, estado Falcón. Allí fueron abusadas sexualmente más de 8 reclusas por 48 presos que forjaron las celdas en las que estaban las mujeres que celebraban el Día del Niño.
Luego de ser ultrajadas tres de ellas resultaron embarazadas. Las distribuyeron en otros anexos para que el caso no fuera ventilado a la luz pública. Aunque se denunció en la Fiscalía y en tribunales, no se iniciaron investigaciones ni se determinaron responsabilidades porque además, luego de la reubicación, no les practicaron los exámenes forenses para probar si habían sido víctimas de violación.