Cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (“OFAC” por sus siglas en inglés) designa a ciudadanos de cualquier país extranjero como vinculados al narcotráfico, lo hace según las disposiciones de una ley (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act) dictada por el Congreso estadounidense en el año 1999, la cual ordena a su poder ejecutivo identificar e impedir a narcotraficantes extranjeros de gran relevancia, a sus empresas relacionadas y a sus colaboradores, actuar en el sistema financiero de Estados Unidos, al igual que prohíbe cualquier transacción comercial o financiera entre estos y ciudadanos o empresas estadounidenses.
Según el New York Times, esta ley ha sido utilizada para sancionar a decenas de personas y organizaciones presuntamente involucradas en actividades de narcotráfico en todo el mundo. En el año 2001, una de las primeras personas designadas fue Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo” Guzmán, quien actualmente está siendo juzgado por un tribunal estadounidense luego de ser extraditado por México.
¿Cuáles son las consecuencias concretas de esas designaciones?
Conforme a las disposiciones de la ley del Congreso de Estados Unidos que facultan al Departamento del Tesoro a realizar las designaciones, surgen dos consecuencias principales.
Primero, que cualquier activo (empresas, inmuebles, cuentas bancarias, etc.) que las personas designadas puedan tener y que estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos quedan congelados y no pueden ser objeto de ninguna transacción comercial o financiera. Segundo, que cualquier ciudadano o empresa estadounidense tiene prohibido realizar cualquier operación con las personas y/o activos designados.
Aunque en principio esta sanción pudiera parecer muy limitada por incluir sólo activos que se encuentren en territorio estadounidense, cabe recordar que cualquier transacción denominada en dólares estadounidenses podría estar sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos. Cada vez que la OFAC realiza una designación, la lista de todas las personas designadas es distribuida a todos los bancos e instituciones financieras que tienen operaciones en Estados Unidos. En caso de que estas instituciones mantengan algún tipo de relación con las personas o activos designados, podrían estar sujetas a sanciones como multas o incluso prisión en Estados Unidos. Por ejemplo, en julio de 2016, una subsidiaria del banco español BBVA fue sancionada por mantener cuentas bancarias de dos personas designadas, incluso a pesar de que dichas éstas no habían realizado ninguna transacción desde esas cuentas.
Por otro lado, la legislación estadounidense permite revocar o negar las visas para entrar a Estados Unidos tanto de las personas designadas como de los familiares que se hayan visto beneficiados por los recursos provenientes de las supuestas actividades ilegales.
La designación de un funcionario de un gobierno extranjero no significa que los activos de ese Estado estén sujetos a medidas de bloqueo en Estados Unidos. Sin embargo, la OFAC advierte a ciudadanos y empresas estadounidenses tener “cautela” al tratar con ese Estado para asegurarse que no se vean involucrados, directa o indirectamente, bien sea mediante la firma de contratos o participando en negociaciones donde el designado esté presente.
¿Qué consideraciones realiza el gobierno de Estados Unidos para emitir las sanciones?
Es importante aclarar que las designaciones que hace la OFAC constituyen una determinación administrativa que no ha sido verificada o avalada por un juez. Sin embargo, conforme a las disposiciones de la ley, deben ser producto de un proceso de consulta que involucra, además del Departamento del Tesoro, a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, a la oficina del Fiscal General, al Departamento de Defensa y a la Agencia Central de Inteligencia. Las personas que sean designadas pueden solicitar la reconsideración de su designación ante la propia OFAC o la anulación antes tribunales estadounidenses.
Así como las facultades de la OFAC permiten que ésta designe a ciudadanos extranjeros y en consecuencia bloquee sus activos y prohíba la realización de transacciones financieras o comerciales, el Departamento de Justicia tendría que eventualmente presentar ante los tribunales estadounidenses una acusación contra los designados para que después de un juicio, se les puedan imponer las sanciones correspondientes según las leyes estadounidenses.
¿Es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos sanciona
a un funcionario del gobierno venezolano?
El lunes 13 de febrero de 2017, la OFAC informó que había designado al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami como objeto de sanciones. Pero no es la primera vez que esto ocurre. El 12 de septiembre de 2008, durante el gobierno de George W. Bush, la OFAC designó a Henry Rangel Silva (para ese entonces director de la DISIP), Hugo Carvajal (para ese entonces director de la Dirección de Inteligencia Militar) y al exministro Ramón Rodríguez Chacín.
También el 9 de marzo de 2015, el para entonces presidente Barack Obama, con base a una ley distinta aprobada por el Congreso estadounidense en diciembre de 2014, sancionó a cuatro funcionarios de las Fuerzas Armadas, al entonces director de la Policía Nacional Bolivariana, al ex director del SEBIN y a una fiscal nacional del Ministerio Público. Argumentando que habían estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos a partir de las manifestaciones ocurridas en Venezuela desde febrero de 2014, les impuso las siguientes sanciones: el bloqueo de sus propiedades y activos en Estados Unidos, la revocación de sus visas para ingresar a Estados Unidos y la prohibición a ciudadanos o empresas estadounidenses de relacionarse con estas personas.
Sin embargo, con la designación de la OFAC, el vicepresidente Tareck El Aissami se convierte en el funcionario de mayor rango dentro del gobierno venezolano que ha sido sancionado por Estados Unidos.
¿Qué implicaciones podría tener esta sanción?
Al tratarse de la primera acción que toma la administración de Donald Trump con respecto a Venezuela, lo más probable es que el gobierno de Nicolás Maduro apoye a su vicepresidente y se deterioren nuevamente las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos.
Esto es relevante si se tiene en cuenta que durante los últimos meses el gobierno venezolano ha buscado un acercamiento con la nueva administración estadounidense, evidenciado por declaraciones del presidente venezolano como “nadie peor que Obama” y “no me sumo a las campañas de odio contra Donald Trump que hay en el mundo”.
Al mismo tiempo, en los días previos al anuncio de la medida en contra del vicepresidente venezolano, Trump ha conversado con varios presidentes de la región como Juan Manuel Santos y Pedro Pablo Kuczynski, manifestando su “preocupación por la situación en Venezuela”. Esto representa un indicio de que el gobierno estadounidense podría pronto tratar de liderar una iniciativa que presione por una resolución de la crisis venezolana. Pero las decisiones de la administración estadounidense en materia de inmigración y su tensa relación con México hacen dudar de si contará con el apoyo o ánimo de una parte importante del resto de la región. Este respaldo sería crucial para poder concretar medidas tales como la activación de la Carta Democrática Interamericana, lo que requiere el voto afirmativo de una mayoría de los Estados miembros de la OEA.
Desde el punto de vista venezolano, el señalamiento contra El Aissami aumentará en alguna medida el progresivo aislamiento del gobierno venezolano en América Latina, donde una buena parte de sus gobiernos colabora con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, no queda claro si afectará sus relaciones con países como China, con quien el gobierno recientemente firmó 22 acuerdos que buscan impulsar la economía venezolana.
En definitiva, la gran pregunta es si este grave señalamiento afectará los esfuerzos de diálogo que el gobierno continúa promoviendo especialmente en el ámbito mediático e internacional. Incluso si Estados Unidos o el gobierno venezolano retiraran su apoyo al proceso de diálogo, lo cierto es que al menos una parte de la oposición, El Vaticano y prácticamente la totalidad de la región continúan apoyando estos esfuerzos. Ese es un hecho que, a pesar de esta última novedad, pareciera que no va a cambiar.