Familiares de presos políticos, abogados, activistas de derechos humanos y distintas personalidades se dirigieron hoy al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por la apertura del nuevo año judicial para exigir un sistema que garantice los derechos de los venezolanos.
Nota de Prensa
“Hemos sido víctimas de un régimen injusto y despiadado que ha confiscado los principales poderes públicos que persigue a quienes disentimos de las prácticas castrocomunistas basadas en la impunidad, el atropello y el ensañamiento contra el pueblo venezolano que se niega a la instauración de un sistema cubano”, manifestó el expreso político y defensor de los derechos humanos, Gustavo Sánchez Andara.
Igualmente, alzó su voz la hija del alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, Oriette Schdendorf, en protesta a los dos años que lleva su padre tras las rejas y que además, asegura no tiene ningún cargo que se le pueda ser imputado.
“Reiteramos nuestro rechazo a una Sala Constitucional que irrespeta y burla la decisión de la mayoría de los venezolanos que eligieron a una Asamblea Nacional. Aplican sentencias que están por encima de nuestra Carta Magna, la interpretan de manera torcida al servicio del régimen de Maduro”, expresó.
Recordó también a los policías metropolitanos que tienen 14 años presos, a Leopoldo López, que en pocas semanas alcanzará los tres años como preso político y a todos los jóvenes, estudiantes militares y civiles que están injustamente encarcelados.
“Todos los sectores han sido reprimidos. Exigimos decencia y seriedad en el más alto magisterio pues con este tribunal la justicia en Venezuela es un fraude y una vergüenza para el país”, agregó.
Por otro lado, la abogada y profesora de derecho administrativo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) , María Correa, indicó que un acto solemne como la apertura de un año judicial no se puede desarrollar a puertas cerradas.
“Le están dando la espalda al pueblo al que le han negado sistemáticamente la protección de sus derechos constitucionales. Enfrentamos un TSJ ilegítimo que no ha cumplido su función de garantizar el respeto a la constitución”, concluyó.