Familiares de los nueve presos políticos recluidos en El Helicoide -y que se encuentran en huelga de hambre- le exigirán al Nuncio Apostólico, Aldo Giordano, que verifique el estado de salud y las condiciones físicas de los detenidos, debido a que no les permiten la visita.
Según reseña el diario El Nacional, desde el domingo 4 de diciembre, día en que comenzaron la protesta, la policía política les prohibió la visita de familiares y abogados, además de no ofrecerles ningún tipo de atención médica.
Al respecto, el director ejecutivo del Foro Penal, Alfredo Romero, señala que los presos políticos en huelga de hambre requieren atención médica y al no permitirles tener comunicación con ellos desconocen detalles de su estado actual.
“Expresamente nos dijeron que las visitas estaban prohibidas para los que están en huelga y para los demás también. Es evidente que hubo maltrato, pero la denuncia debe ser objetiva. En el momento en que Villca Fernández entró en huelga de hambre fue sacado de su celda a la fuerza. Fue arrastrado y golpeado. Los demás fueron empujados”.
Recordó que el gobierno le ha impedido a la Cruz Roja acceder a cualquier centro penitenciario desde 2012 para evitar que presencien la precaria situación en la que se encuentran.
Jorge Fernández, padre de Villca, asegura que desde hace 25 días no ve a su hijo, quien es hipertenso y necesita medicación permanente. “Estos jóvenes continuarán su protesta y nosotros, los padres, estamos sumamente preocupados porque cada día que pasa no vemos respuestas. Tenemos entendido que ni siquiera les toman la tensión o verifican su pulso. Dicen que fueron golpeados y maltratados, por eso exigimos la presencia de organismos confiables que puedan constatar esto”.
La Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público estuvo en El Helicoide el jueves pasado, pero no fueron acompañados por ningún médico, mientras tanto, a los presos en huelga de hambre les niegan la hidratación, medicamentos y no les facilitan el suero, denunció Elenis Rodríguez, presidente de Fundeci.
“Ya llevan nueve días sin ingerir alimentos y no les permiten las visitas de sus familiares y abogados. Eso es una tortura. Si estas personas siguen en las condiciones en las que están puede haber una emergencia. Como castigo por ejercer el derecho a una protesta pacífica, el director del Sebin, Gustavo González López, le está violando el derecho a la salud a Betty Grossi, quien presentó síntomas de zika y fue excluida de la lista de presos políticos que irían al hospital militar”, dijo.
Rodríguez, representante legal de dos de las tres mujeres que se encuentran en huelga de hambre (ambas con patologías respiratorias), solicitó la intervención inmediata de la Cruz Roja Internacional y señaló que los detenidos al tomar la decisión de protestar por medio de una huelga de hambre tienen derecho de ser atendidos según tratados internacionales.