Este año 2016, 54% aumentó el ingreso mínimo integral (salario más bono alimentario). Para el gobierno, una forma de proteger al pueblo; según expertos, una prueba de que la inflación es todavía más alta, publica La Nación.
Elevar cada tres meses el ingreso mínimo impacta a 11 millones de venezolanos. Pero, en un contexto inflacionario, las consecuencias tienden a ser negativas: en Táchira, entidad con 40.000 unidades económicas, unos comercios deciden liquidar y otras empresas congelan la nómina; todos deben subir precios para honrar unos compromisos que los ahorcan.
Bienvenidos al país donde un aumento de salario mínimo no despierta sonrisas, sino caras largas. “Todavía estoy en shock”, suelta Blanca Brun, gerente de una panadería de San Cristóbal que, además de preocuparse por la escasez de azúcar, ahora observa cómo las estructuras de gastos y de costos se inflan más que las bolas de harina en el horno. Este 2016, Venezuela cerrará su segundo año consecutivo con cuatro ajustes salariales en línea.
Mientras en panaderías de La Concordia los precios amanecieron hasta 30% más caros el pasado 1° de noviembre, en la de Brun, en pleno centro, los panes todavía mantienen su costo. Pero no por mucho tiempo más. Subirlos parece la única salida viable para que la gerente cumpla con el pago de 27.092,10 bolívares en salario mínimo, más 63.720 bolívares en cestatique a los 25 empleados de la nómina.
Los ahora cada vez más frecuentes ajustes del salario mínimo son una clara admisión de una creciente inflación que no ha podido ser controlada, razona Anabella Abadi, economista y especialista en Gobierno y Gestión Pública. Y no ha podido ser controlada, porque el gobierno ataca las consecuencias -la subida de precios- y no el problema de fondo -la caída de la producción local y de la capacidad de compra del bolívar-.
Desde que asumió la presidencia, hace 42 meses, Nicolás Maduro ha aumentado el salario mínimo 14 veces. Dejó de ser la noticia anual del 1° de mayo para convertirse prácticamente en un ciclo trimestral.
Cuando escuchó el anuncio más reciente, Eduardo Silva se convenció de que aquello era la “estocada final” que le hacía falta para liquidar el inventario y cerrar su venta de ropa infantil en la Séptima avenida. Hace rato que trabaja a pérdida, pero lo de ahora ya le resulta inaguantable: luego del 1° de noviembre ha calculado cómo los costos de la mercancía, importada toda, se dispararon 60%. “Y no puedo subir precios en esa proporción”, completa.
Aumentar el salario y el bono alimentario sin atender la caída en la producción, los problemas de abastecimiento y la inflación, generará todavía mayores presiones inflacionarias, proyecta Abadi. “En otras palabras: el aumento del salario mínimo pasa de ser una supuesta ‘solución’ de corto plazo para mejorar la capacidad de compra de los venezolanos, a ser un problema de mediano y largo plazo, al impulsar una ya importante inflación”, analiza la también profesora en la UCAB y analista de una firma consultora.
Empleados en riesgo
Si en tiendas como la de Silva tuvieron que prescindir de dos trabajadores en el último año, en cadenas de farmacias como en la que labora Mariana Ochoa, los nuevos ingresos están suspendidos. “Lo que han hecho es mover gente de una sucursal a otra para no contratar a alguien nuevo”, explica la encargada de una de las droguerías.
Las consecuencias de estas alzas en salarios y tiques de alimentación son tan críticas, que se hacen inmanejables los costos de las nóminas, apunta Pietro Ceniccola, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Táchira y miembro de la directiva regional de Fedecámaras. El vocero recuerda que las empresas están obligadas a hacer constantemente el recálculo no solo del sueldo, sino de las prestaciones sociales y las contribuciones especiales como la seguridad social o ley de ciencia y tecnología.
La economista Abadi alecciona que la referencia objetiva para la fijación de los salarios mínimos debería ser la productividad de las empresas; de lo contrario, se puede generar lo que, de hecho, ya se asoma en el horizonte del aparato productivo del Táchira: el cierre de medianas y pequeñas fábricas, así como la pérdida de puestos de trabajo.
En la entidad existen unas 40.000 unidades económicas y, en una parte considerable de estas, el flujo de caja está muy afectado, lamenta Ceniccola. “No solo es el tema del abastecimiento, sino que los altos costos de reposición por la subida de las mercancías nos hace trabajar en un esquema de descapitalización”. Esto, aunado a lo impositivo, pues el incremento de los impuestos municipales también ejerce presión sobre el flujo de caja.
Las acciones necesarias
El salario mínimo se fijó por primera vez en Venezuela en 1974, vía Ley Habilitante, y hasta 1998 (un periodo de 24 años) se ajustó en 13 ocasiones. En los últimos 17 años de la llamada revolución bolivariana, el Ejecutivo ha decretado 35 aumentos.
El Gobierno considera positiva esta comparación, pero especialistas de la economía como Abadi y representantes de la industria como Ceniccola, consideran que más que celebrar los cada vez más frecuentes aumentos del salario mínimo, el Ejecutivo debería poner en marcha políticas económicas dirigidas a alcanzar la estabilidad cambiaria y de precios.
“Es fundamental la implementación de políticas para impulsar la producción local y el abastecimiento, y para intentar desacelerar y contener de manera sostenible la inflación, para así proteger la capacidad de compra del bolívar”, instruye Abadi. “La solución es no correr la arruga, atacar las causas que restringen la inversión privada y pública y trabajar sobre lo que genera inestabilidad macroeconómica. Aumentar cada tres meses no resuelve los problemas de fondo de la economía”, recomienda Ceniccola. Mientras tanto, Venezuela seguirá siendo el país donde un aumento de salario mínimo no despierta sonrisas, sino caras largas.
Daniel Pabón
Una generación que sobrevive al mínimo
“Más gastos”, fue lo primero que pensó Yohermy Ontiveros, cuando escuchó por radio que volvía a subir el salario mínimo. En una semana, ya empezó a transformar sus ideas en desembolsos: “El mes pasado pagué 1.200 bolívares por un kilo de arroz, y ya ahorita me tocó comprarlo a 2.000”, ejemplifica.
Yohermy pertenece a ese grupo de supervivientes de la crisis, más o menos 60% de los trabajadores del país, que estiran un salario mínimo para el mes. “Yo no me alegro cuando lo suben, porque cada vez compro menos cosas”, relata la trabajadora de una solitaria zapatería de San Cristóbal, para quien llevar un pan o un cereal a su casa es un lujo que no se puede dar.
Aunque diciembre llegará con un salario mínimo 181% más alto que en enero, y un bono de alimentación 844% más robusto, Yohermy se siente empobrecida: “Con el cestatique tengo que comprar lo más indispensable para comer, y el sueldo se me va en pasajes, servicios y algo de carne”. Economistas lo traducen así: los venezolanos viven pequeños repuntes de ingresos en términos nominales, y al tiempo una desmejora en el poder adquisitivo real.
Repuntes tan pequeños que el más reciente aumento salarial solo le alcanzaría a Yohermy para comprar un caramelo de 150 bolívares diario. Un poder tan desmejorado que, según cálculos de economistas, la capacidad adquisitiva de quienes devengan mínimo caerá 50% al final de este año: podrán comprar la mitad de lo que llevaron la Navidad pasada. Son la población económicamente activa más vulnerable y numerosa.