Por segunda vez, la situación de los derechos humanos en Venezuela será evaluada en las Naciones Unidas a través del Examen Periódico Universal. El 1° de noviembre el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas. En el informe presentado por el Estado nada se señala sobre la falta de independencia de los poderes públicos, entre ellos el Judicial, la principal tarea que sigue pendiente. El 13 de septiembre el Alto Comisionado para los Derechos Humanos alertó sobre los efectos perniciosos de “la erosión institucional” en el país. Las ONG promueven un cabildeo para que el debate en Ginebra incluya la suspensión del referéndum revocatorio presidencial a partir de maniobras judiciales.
EDGAR LÓPEZ / EL NACIONAL
En 2011, cuando Venezuela se sometió por primera vez al Examen Periódico Universal (EPU), el gobierno asumió un compromiso adicional ante Naciones Unidas para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en el país: “Continuar fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana en los asuntos públicos y el derecho a votar”.
En aquella oportunidad los representantes del Estado enfatizaron: “Más allá de la elección de los funcionarios públicos, esta participación se expresa a través de la implementación de actividades políticas innovadoras, incluyendo referendos, encuestas de opinión de la comunidad, la derogación de los mandatos, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, cabildos y asambleas ciudadanas, cuyas decisiones son vinculantes”.
Ahora, cuando le corresponde rendir cuentas ante la ONU por segunda vez y específicamente sobre la gestión encabezada por Nicolás Maduro, el gobierno está en el trance de explicar cómo cinco jueces del interior del país dictaron sentencias idénticas simultáneamente que, apenas pocas horas después, fueron utilizadas por el Consejo Nacional Electoral para suspender el referéndum revocatorio presidencial.
“La falta de independencia de los poderes públicos, y particularmente del Judicial, constituye la principal deuda con que regresa el Estado venezolano a Ginebra”, adelanta Feliciano Reyna, quien ha fungido como vocero de las organizaciones no gubernamentales de Venezuela que persisten en denunciar abusos ante instancias internacionales, precisamente por el déficit de justicia que hay en el país.
El EPU es un mecanismo de coevaluación entre los 193 países de la ONU. Se instituyó en 2007 y se desarrolla ante el Consejo de Derechos Humanos. Cada cuatro años y medio se examina la situación de todos los derechos humanos en cada país.
Pasado mañana, 1° de noviembre, se llevará a cabo el llamado diálogo interactivo sobre Venezuela. En una sesión de tres horas, el Estado dispondrá de 70 minutos para exponer avances, retrocesos y desafíos, así como para responder a preguntas que se le hayan formulado anticipadamente. Los 140 minutos restantes se dividirán entre un máximo de 70 intervenciones y repreguntas.
Reyna considera que la suspensión del revocatorio aumentó la alarma que está encendida en muchos países del mundo por lo que ocurre en Venezuela. “Yo estaba en Bruselas el 20 de octubre, reunido con representantes de varios organismos internacionales de derechos humanos, y ese mismo día se intensificó el cabildeo a efectos de que la obstrucción de la vía electoral para adelantar el relevo de Nicolás Maduro forme parte del debate en el EPU. En muchos países se comprende que es una evidencia clara de lo que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, había denunciado cinco semanas antes: la erosión de la independencia de las instituciones”.
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