Este gobierno corrupto, inmoral y tramposo, compuesto en su estructura cúpular por quienes tienen responsabilidad directa unos por acción y otros por omisión en gravísimos hechos de corrupción y que son cuestionados a nivel nacional e internacional, por la clara evidencia de su participación en negocios sucios y en narcotráfico, actúa de manera delictiva, y se blindan unos con otros para evadir la justicia. En una especie de inmunidad socialista, vemos con estupor como funcionarios solicitados y señalados de delitos contra la nación, son premiados con cargos públicos y diplomáticos para hacerlos intocables, y así aumentar la cifra de impunidad que hace récord en socialismo.
Los venezolanos hemos sido testigos de excepción, como Nicolás Maduro, en un uso depravado de sus funciones como Presidente de la República, ha pretendido librar de culpas y lavar los delitos, de altos jerarcas de su gobierno, metidos hasta los dientes en negociaciones ilícitas y en narcotráfico, y ha utilizado los tribunal es venezolanos hoy arrodillados a Miraflores para tal propósito. Funcionarios con órdenes de captura a nivel internacional, son premiados por un gobierno ilegítimo en cargos y funciones que les “garantizan” seguridad y evasión de la justicia internacional.
Casos como el de Rafael Ramirez, Hugo Carvajal, Néstor Reverol, Gustavo Enrique González Lòpez, Francisco Rangel Gómez, Francisco Rangel Silva y Diosdado Cabello entre otros, a quienes se les denunció como violadores de Derechos Humanos en Venezuela y de otros delitos, hoy gozan de fuero diplomático y de sendos cargos y desde allí continúan en su andanada de pillaje, con la complicidad inmoral de Nicolás Maduro Moros.
Recientemente perdimos la capacidad de asombro, cuando Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, designó a Carlos Osorio como Inspector General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, toda vez que cursa en su contra una averiguación penal por todos los hechos de corrupción en la importación de alimentos por un monto de 27 Mil Millones de Dólares, y que como consecuencia de este desfalco a la nación, hoy el pueblo venezolano padece una crisis humanitaria de enormes magnitudes.
Como es nuestro deber como parlamentarios y en mi condición de vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, solicité a la Comisión Delegada, que se exhorte al Ministerio Público a continuar con dicha investigación la cual viene a significar no de los deafalcos contra la nación, una vez que fue designado el Fiscal Especial Carlos Enrique Gutiérrez y se abrió una averiguación mediante el expediente N. 3767. Asimismo, emplazamos al General Vladimir Padrino López, que diga al país, cuáles fueron los méritos para premiar a Carlos Osorio con tan alto cargo y el por qué le solicitó apoyo para llevar a cabo la Gran Misión Abastecimiento Soberano, cuando es de conocimiento público y notorio que estamos viviendo una crisis humanitaria y hoy nuestro pueblo muere de hambre por la corrupción de este jerarca del gobierno de Maduro, entonces resulta incongruente y aberrante que le soliciten apoyo al hombre causante del hambre más grande de la historia de nuestro país.
Otra decisión que también ha causado indignación y mayor desconfianza en la justicia venezolana, es el dictamen de la Juez Joselin Flores, quien ordenó retirar todas las acusaciones incluso el alerta Roja contra Claudia Patricia Guillén, ex Tesorera General de la República y ex enfermera de Hugo Chávez y Adrián José Velásquez Figueroa, ex edecán del fenecido presidente. Estos personajes del gobierno fueron señalados en la investigación realizada en abril pasada de los Panama Papers, y se les acusó de haber propiciado un desfalco en el sistema financiero a la nación. En esa oportunidad, la Fiscalía luego de haber hecho una investigación al respecto, ordenó congelar sus cuentas en Venezuela y en República Dominicana y solicitarla en Código Rojo. Sin embargo, cuatro meses después una juez seguramente recibiendo órdenes de Miraflores, deja sin efecto las actuaciones del Ministerio Público y ofrece excusas a la pareja por las molestias causadas. No nos extrañe que en los próximos días, sean llamados por Nicolás Maduro, para ocupar cargos relevantes en un gabinete cuestionado e ilegítimo.
Podemos concluir que no se trata de una guerra entre el poder legislativo con el resto de los poderes, se trata de un desconocimiento total del gobierno cuando es afectado algún dirigente o funcionario de alto rango dentro del PSUV, no precisamente por solidaridad recíproca e ideológica, sino que actúan como mafias y organizaciones delictivas, y el que cae, amenaza con sapear al resto, y por eso actúan en una especie de sociedad de cómplices frente a sus delitos, porque todos forman parte de ese nido de corrupción y de podredumbre, y las amenazas y persecuciones de unos es una alarma para este gobierno corrupto y putrefacto.
Ismael García
Diputado a la Asamblea Nacional
Pj-Unidad Democrática
@ismaelprogreso