El defensor del Pueblo, Tarek William Saab —tan presto a dar declaraciones a los medios de comunicación en el país— está en riesgo de quedarse sin voz en las distintas instancias de las Naciones Unidas, pues el organismo internacional considera que su despacho “no está preparado para hablar con contundencia y promover el respeto de los Derechos Humanos en respuesta a denuncias creíbles de graves abusos de los DDHH cometidos por las autoridades gubernamentales”, publica Crónica Uno.
La afirmación la hizo el Subcomité de Acreditaciones de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, el cual recomendó quitarle a la Defensoría del Pueblo la categoría “A” de la que venía gozando desde su creación en el 2000 y degradarla a la “B”, por lo que ya no podría participar en las reuniones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ni en los distintos comités y grupos de trabajo de la instancia mundial.
El planteamiento del Subcomité figura en un informe que elaboró en mayo y que se dio a conocer esta semana. En él se recoge el resultado de la evaluación hecha a las actuaciones del despacho dirigido por Saab durante los últimos doce meses, a partir de informaciones suministradas por el mismo y por agrupaciones civiles venezolanas. En mayo de 2015 la instancia internacional le dio al Defensor un año para “demostrar” que era “independiente” del Gobierno y que estaba preparado para “hablar alto y claro en relación con las principales cuestiones de Derechos Humanos”.
Sin embargo, el que doce meses después siguiera sin cuestionar el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y que no moviera un dedo para que la suspendida jueza María Lourdes Afiuni o el dirigente opositor Leopoldo López fueran liberados —tal y como lo exigió el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU—; además de guardar silencio frente al cierre de la frontera y las deportaciones masivas de colombianos pese a las numerosas denuncias de expulsiones sin procedimiento, de robo de pertenencias y de destrucción de viviendas; así como su inacción frente a los ataques contra activistas de Derechos Humanos, llevaron a la instancia evaluadora a concluir que la Defensoría no es más que un apéndice del Ejecutivo.