Los contratos militares suscritos entre Venezuela y otros países, en los últimos años, se han caracterizado por la opacidad y la discrecionalidad en la asignación de los recursos. Así lo revela el estudio Venezuela: Acuerdos de Cooperación Militar 2005-2016 realizado por Control Ciudadano, que documenta los elementos más resaltantes de los Acuerdos de Cooperación Militar que se han venido adelantando con más de una decena de países, entre estos: Argentina, Bielorrusia, Bolivia, China, Cuba, Irán y Rusia.
“Al analizar los hallazgos del estudio surge inmediatamente la necesidad de exigir que se aclare la ejecución actual de los contratos militares suscritos, así como la discrecionalidad que ha guiado la cooperación militar de Venezuela, claramente incompatible, en muchos aspectos con el respeto a la ley”, advierte Rocío San Miguel, Presidenta de Control Ciudadano. “Los elementos lesivos para la Nación que se revelan en este estudio deben ser investigados por la Asamblea Nacional”, señala.
En tiempos en que la República ha disminuido ostensiblemente su capacidad presupuestaria y las estrecheces económicas obligan a que los recursos se gestionen lo más eficientemente posible, Control Ciudadano considera que debe cesar la construcción de obras civiles por parte de contingentes militares venezolanos en el exterior, sin autorización de la Asamblea Nacional, como ha ocurrido en Bolivia, Cuba, Nicaragua e islas del Caribe.
El estudio señala graves aspectos de opacidad, entre ellos, el resultado de las inversiones de Venezuela para la construcción de la Escuela de Defensa del ALBA en Bolivia y el de la adquisición de más de 400 plantas móviles de generación eléctrica por parte de la Fuerza Armada Nacional a una empresa argentina.
De igual forma, el estudio considera lesivo a la seguridad y defensa nacional haber entregado a un país extranjero la construcción del complejo de edificios para las sedes de las comandancias generales del Ejército, la Armada, la Aviación Militar y la Guardia Nacional, en el fuerte Tiuna de Caracas.
Preocupa a Control Ciudadano la ejecución de los convenios con Rusia. La planta en Venezuela para producir fusiles de asalto Kalashnikov, lleva una demora de 6 años, por desvío de los fondos entregados por Venezuela a la corporación estatal rusa Roboronoexport para la construcción de las plantas. En Rusia, el principal contratista del proyecto está detenido. En Venezuela sin embargo no se adelanta ninguna investigación.
De igual forma, el estudio considera la intermediación de Cuba en los procesos de adquisición de equipos y sistemas de armas para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en distintos países, como un mecanismo que favorece la corrupción, al estar ajeno a todo proceso de rendición de cuentas, dejando beneficios a un tercer país, en este caso Cuba, que nada aporta en la mayoría de los casos al negocio.
Finalmente el estudio recomienda a los Diputados de la Asamblea Nacional, desclasificar los montos de los acuerdos militares suscritos en estos 11 años, las materias que comprenden y el tiempo de duración en el cual se debieron ejecutar las obligaciones, dado que esta información afecta un interés patrimonial de los venezolanos y para nada revela aspectos estratégicos.