Francia adhirió este miércoles al grupo de países europeos que sancionan a los clientes de las prostitutas, una polémica medida que ha sido objeto de muchos debates y divide tanto a la clase política como a las asociaciones de ayuda a las prostitutas.
AFP
El texto, aprobado de manera definitiva esta tarde en la Asamblea Nacional (Cámara Baja), establece que “la compra de actos sexuales” será sancionada con una multa de 1.500 euros, y de hasta 3.500 en caso de reincidencia.
Se prevé además la posibilidad de una pena complementaria, también nueva, consistente en una formación obligatoria para concienciar sobre las condiciones de la prostitución.
Todos los países europeos castigan el proxenetismo pero Francia es sólo el quinto en sancionar también a los clientes de las prostitutas, después de Suecia, el primer país en hacerlo en 1999, y de Noruega, Islandia y el Reino Unido.
Para llegar hasta la aprobación de este miércoles fue necesario un largo proceso parlamentario de cerca de dos años y medio.
Una manifestación de unas sesenta prostitutas contra el texto se realizó cerca de la Asamblea Nacional y se veían pancartas que decían “clientes penalizados, putas asesinadas”.
Según las estimaciones oficiales, en Francia hay entre 30.000 y 40.000 prostitutas, en su mayoría extranjeras, originarias de Europa del Este, África, China y América Latina.
La penalización de los clientes es la medida principal del texto, que incluye asimismo diversos mecanismos para reforzar la lucha contra el proxenetismo y para favorecer las ayudas para abandonar la prostitución.
El texto suprime además el delito de captación pasiva de clientes por parte de las prostitutas, que regía desde 2003 y era denunciado por las asociaciones de ayuda a las prostitutas.
Disuadir la demanda
Las dos cámaras del Parlamento no se pusieron de acuerdo nunca sobre la sanción de los clientes. La Asamblea Nacional, en la que la izquierda tiene la mayoría, la aprobó, pero el Senado, mayoritariamente de derecha, se opuso a la medida.
A falta de acuerdo sobre un texto común, la Asamblea tiene la última palabra.
El tema fue objeto de polémica y divisiones dentro de los partidos políticos y en el conjunto de la sociedad francesa.
Para sus partidarios, la penalización de los clientes debe ayudar a disuadir la demanda y considerar a las prostitutas como “víctimas y no ya como delincuentes”, en palabras de la diputada socialista Maud Olivier, impulsora del texto.
“Esta ley es indispensable para que no se pueda considerar más como normal la compra del cuerpo de una persona”, dijo Olivier a la AFP, declarándose “orgullosa de que el país la vote”.
Para sus detractores, sancionar a los clientes “pondrá en peligro” a las prostitutas, que estarán más aisladas, considera Sarah-Marie Maffesoli, de la organización Médicos del Mundo.
La penalización de los clientes fue también combatida por asociaciones de prostitutas que presentan su actividad como voluntaria y temen una pérdida de ingresos.
“Las consecuencias ya las vemos. Las que pueden se van a trabajar a los países fronterizos, las otras buscan agencias, salones, intermediarios que van a desempeñar el papel de proxenetas, a fin de ponerlas en contacto con los clientes”, sostiene Morgane Merteuil, del Sindicato del Trabajo Sexual (Strass).
Algunos expertos señalan asimismo la dificultad de poner en práctica esa prohibición en la era de internet. “Los portales de encuentros son uno de los grandes parámetros de la relación entre prostitutas y clientes. Después se telefonean. ¿Cómo controlar todo eso?”, plantea el sociólogo Laurent Melito.