El juez Sergio Moro pidió disculpas este martes al Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) por haber divulgado las polémicas escuchas al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva con la presidenta Dilma Rousseff.
AFP
El STF decidirá el jueves si Moro, un magistrado de primera instancia de Curitiba (sur) a cargo de las investigaciones sobre el megaescándalo de Petrobras, conserva la potestad para seguir investigando al exmandatario (2003-2010).
El ministro del STF Teori Zavascki ordenó hace una semana que Moro entregara las conversaciones interceptadas a Lula con políticos aforados, entre ellos Rousseff.
“Ante la controversia generada por el levantamiento del sigilo y la decisión de su excelencia, comprendo que el entendimiento adoptado entonces pueda ser considerado incorrecto, o aun siendo correcto, pueda haber provocado polémicas o constreñimientos innecesarios”, afirmó Moro en un escrito dirigido al STF y recogido por la estatal Agencia Brasil.
“Jamás fue la intención de este juez, al proferir la aludida decisión del 16 de marzo, provocar tales efectos y, por ello, solicito desde ya respetuosas disculpas”, continuó el magistrado.
Moro se refiere en concreto a la convulsa jornada en la que autorizó la publicación de una conversación entre Lula y Rousseff, apenas horas después que el expresidente fuera nombrado jefe de gabinete de su sucesora.
El diálogo fue considerado por la oposición y por juristas como una prueba de que el nombramiento de Lula, investigado por presunta ocultación de bienes, apuntaba sobre todo a librarlo de la justicia ordinaria y de una eventual orden de prisión.
Indignados, miles de brasileños salieron a las calles y dos días después un magistrado del STF suspendió la designación de Lula, que debería ser discutida en el pleno del organismo la semana que viene.
El juez Moro, sin embargo, reiteró que su decisión de hacer públicas las conversaciones de Lula no tuvo ninguna intención político-partidaria, sino que pretendía dar publicidad a conductas relevantes del expresidente “que pueden eventualmente caracterizar obstrucción a la Justicia o tentativas” de obstrucción.
El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, estimó en un documento enviado el lunes al tribunal que no existe un “obstáculo estrictamente jurídico” al nombramiento del expresidente, aunque dijo que este podría permanecer en la órbita de la justicia ordinaria, aun siendo ministro.